Nos privatizan dos centros de atención primaria en L'Hospitalet, hecho que puede extenderse por toda Catalunya. Me pregunto si la decisión se ha tomado pensando en lo que es mejor para el pueblo o para los cargos políticos que de esta manera se perpetúan en el poder asegurándose un puesto en la gestión.
¿Quién va a beneficiarse de esta privatización? ¿Qué ganamos con ella los usuarios de estos centros? Está claro que la empresa que los gestionará se asegurará unos beneficios a coste de reducción de pruebas, material, plantilla... ¿Debemos convertir el derecho a la asistencia sanitaria en un negocio?
Me gustaría que de las decisiones que nos afectan tan directamente como ésta fuésemos informados con total transparencia por parte de nuestros gobernantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de julio de 2002