El presidente argentino, Eduardo Duhalde, aceptó ayer firmar un decreto de necesidad y urgencia que suspende las salidas de dinero del corralito por vía judicial, algo que los cuatro notables enviados al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamaron con insistencia en los últimos días y que se ha convertido en el punto de partida del nuevo plan que prepara el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
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El decreto, suscrito por todos los ministros del Gabinete y con el valor normativo de una ley, prevé la suspensión por el plazo de 120 días de todas las intervenciones judiciales existentes contra el corralito, y prohíbe por igual período cualquier salida de dinero por fuera de los restringidos canales actuales. La medida, esperada por los bancos desde hace tiempo, persigue el objetivo de detener la sangría que sufren a diario los depósitos bancarios gracias a los amparos otorgados por aquellos jueces que creen que el congelamiento del dinero es inconstitucional. Según estimaciones gubernamentales, de aquí a fin de año se iban a escurrir por esa vía unos 6.000 millones de pesos (1.700 millones de euros).
El dinero que sale del cerrojo representa un doble problema para la endeble economía argentina. Por un lado, ese efectivo se cambia directamente por dólares, lo que provoca el aumento de su cotización y la consiguiente inflación de precios. Por el otro, dado que tan sólo un mínimo porcentaje de ahorradores pudo obtener esos permisos, se produjo una situación desigual con el resto de los depositantes, quienes contemplan de brazos cruzados, día tras día, como disminuye la cantidad de dinero en los bancos.
El decreto prevé la continuación de las excepciones ya existentes: la autorización para retirar dinero a los ahorradores mayores de 75 años y a quienes lo necesiten con urgencia por razones de salud. Además, se obliga al Estado a dar trámite gratuito a este tipo de casos, algo que no contemplaba el sistema original.
El Gobierno corre el riesgo de que algunos jueces declaren la ilegalidad de la normativa, tal como sucedió con el sistema anterior implantado por el ex presidente Fernando De la Rúa. Sin embargo, en los pasillos de la presidencia confían en que la Corte Suprema avale sus pretensiones, ya que Duhalde ha frenado el impulso al juicio político que se le sigue al máximo tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de julio de 2002