El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz debe 1,4 millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Cádiz, según denunció ayer el grupo municipal del PSOE basándose en una auditoría de la empresa Arthur Andersen. Esta auditoría, del ejercicio 2001, ha alertado sobre otras deudas de la Zona Franca, presidida por Teófila Martínez, y acerca del 'escaso' grado de ejecución de las inversiones, que obligará a este organismo a devolver algunas subvenciones recibidas.
El portavoz socialista, Juan Ortuño, exigió ayer a Martínez que 'haga cumplir' a la Zona Franca con 'sus obligaciones fiscales'. Para el edil del PSOE, este episodio evidencia dos 'incongruencias' de la regidora gaditana. 'Asfixia al gaditano con el IBI más caro de Andalucía que luego no paga desde la Zona Franca, y luego exige a la Junta que no tenga retrasos en el pago de este impuesto', dijo Ortuño.
El delegado especial del Estado de la Zona Franca, Miguel Osuna, admitió esta deuda, pero añadió que no la abona porque considera que no le corresponde pagar por el IBI. Sin embargo, reconoció que el Tribunal Económico Administrativo de Sevilla, dependiente del Ministerio de Hacienda, le ha obligado, en una reciente sentencia, a pagar por este concepto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de julio de 2002