El PSOE hizo ayer un llamamiento a la movilización social -de todos los sectores relacionados con la educación y la juventud- para protestar por 'la ausencia de financiación de la Ley de Calidad y su contenido segregador y discriminador con la escuela pública'. Los socialistas anunciaron que empezarán a preparar movilizaciones junto con los sindicatos a partir de septiembre y aseguraron que el Gobierno tiene 'la obligación legal de acompañar la ley con una memoria económica'. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza sin precisar financiación. Esta iniciativa ha provocado también la convocatoria de una huelga por parte del Sindicato de Estudiantes.
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- Tema:: La reforma educativa del PP
- Participación:: Opine sobre la Ley de Calidad
- Documento:: Texto íntegro (PDF)
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió ayer en Lugo una movilización general de toda la comunidad educativa para mostrar su oposición al proyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), informa Efe. Blanco calificó el proyecto de "excluyente y segregador" y enmarcó los cambios que contiene en la "política antisocial" del Gobierno del Partido Popular. La oposición socialista asegura que esta ley "beneficia" a la enseñanza privada y que con ella el PP "saca a relucir su rostro más conservador, imponiendo una educación dual, o, lo que es lo mismo, una para ricos y otra para el resto de la gente".
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó ayer durante una cena-mitin en Gandia que la aprobación de la ley "viene a ratificar la política antisocial que está haciendo el Gobierno del PP", informa Eva Batalla. Para el líder socialista, la nueva ley derivará en una "educación discriminatoria", y criticó el hecho de que haya sido aprobada sin ningún compromiso económico y presupuestario. Con esta ley, advirtió, España se desmarcará de "una educación de primera" comparable con los países europeos más modernos.
La responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, Carme Chacón, explicó las iniciativas que adoptará su partido: "A partir de septiembre nos reuniremos con asociaciones de padres de alumnos, sindicatos de la enseñanza, asociaciones de estudiantes, la coordinadora de directores y entidades cívicas relacionadas con la educación y con la juventud. Es decir, con los agentes sociales, porque esta ley, que es un ataque a la igualdad y a la escuela pública, va a configurar el futuro de la sociedad española". Chacón añadió que esta norma "trasciende a la educación": "Queremos que las familias sepan lo mucho que está en juego".
Los socialistas consideran que esta ley del PP "discrima a la escuela pública y olvida la modernidad, el necesario desarrollo de la sociedad del conocimiento", señaló Chacón. La diferencia con las iniciativas de otros países es otro de los aspectos que denuncia el PSOE: "Mientras el resto de los países de Europa buscan cómo educar más y mejor a los jóvenes durante más tiempo, la ley del PP conseguirá en España lo contrario: que tengamos menos universitarios y bachilleres que el resto de la UE y que se aumenten las desigualdades sociales, al segregar tempranamente a los alumnos desde la escuela, lo que redundará en el aumento de la brecha de las desigualdades sociales".
Respecto a la falta de financiación, Chacón responsabilizó a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, de "ocultar" la memoria económica del proyecto de Ley de Calidad elaborada por el Ministerio de Educación, debido a que es "una memoria raquítica y beneficia escandalosamente a la enseñanza privada", y porque su intención última es "endosarle" a las comunidades autónomas la financiación de la reforma. Chacón recordó que la denominada Ley del Gobierno de 1997, aprobada por el PP, exige en su artículo 22.2 "el procedimiento de elaboración de proyectos de ley se iniciará en el ministerio mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria y estudios o informes sobre la necesidad y oporunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar". El PSOE pide a la ministra Del Castillo que "aporte la memoria económica que existe y que debe acompañar a esta ley".
Trabas
El portavoz del sindicato de Estudiantes de Madrid, Rodrigo Pasero, dijo ayer que "la única forma de parar el proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza es con una huelga general de toda la comunidad educativa", prevista para la segunda quincena del próximo octubre. Pasero apuntó que las principales trabas de la ley son, por un lado, la necesidad de pasar dos pruebas para acceder a la Universidad y, por otro, la sustitución del título de bachillerato por otro más devaluado".
Los sindicatos CC OO y UGT ya habían anunciado, tras conocer el primer texto de esta ley el pasado mes de mayo, movilizaciones contra ella y una huelga general para octubre.
CiU insistió ayer en su intención de recurrir la Ley de Calidad ante el Tribunal Constitucional si no respeta "escrupulosamente" las competencias autonómicas, afirmó el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias.
Un texto abierto a 'matices'
La ministra de Educación, Pilar del Castillo está dispuesta a introducir cambios en la nueva ley de enseñanza durante el trámite parlamentario, según indicó ayer en La Carolina (Jaén). Del Castillo se dirigió especialmente a los nacionalistas de CiU por su anuncio de presentar un recurso de inconstitucionalidad, y dijo que, a juicio del Gobierno, 'hay expectativas abiertas para alcanzar un acuerdo'. No obstante, la ministra se mostró sorprendida por el anuncio de los nacionalistas catalanes y destacó que hasta ahora lo único que hay es un proyecto y no un texto completamente definitivo. Durante el trámite parlamentario, subrayó, el proyecto del Gobierno 'registrará otros matices'. Sobre el anuncio realizado el viernes por la propia ministra de que la financiación de la ley dependerá de lo que decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Del Castillo explicó que el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado en 2001, será el que rija por primera vez la elaboración de una norma con rango de ley. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está formado por las comunidades autónomas y el Gobierno, aunque tiene mayoría este último. La ministra reiteró que a ese sistema hay que supeditar la fijación de los gastos adicionales que represente la Ley de Calidad y recordó que las comunidades autónomas 'tienen competencias de gestión, decisión, política y diseño'. Por otra parte, el PP señaló ayer que con la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de Calidad, el partido del Ejecutivo ha cumplido el ciento por ciento de su programa electoral en esta materia, según la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Mato, quien dijo que se ha invertido en educación 'más que nunca'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de julio de 2002