Leo en su diario (14 de julio de 2002) que 'los ayuntamientos nacionalistas proponen un fondo social para que los alcaldes puedan cobrar el paro'. Es decir, que tras ejercer de alcalde o concejal durante un periodo que no depende de la soberanía popular (listas cerradas y bloqueadas), sino de la voluntad del aparato del partido, pero -eso sí- con una paga similar a la de una secretario general o a un director general de la Generalitat, ahora, pobrecitos, quieren cobrar un paro aparte, al margen del resto de la sociedad. Pero los de CiU ¿no acaban de dar su beneplácito a una ley de reforma laboral que ya establece las condiciones para poder acceder al subsidio de paro? ¿No es la ley igual para todos y todos iguales ante la ley? ¿Es que acaso no son como los demás mortales?
Además, ¿no son los mismos que apoyan a un Gobierno que no ha hecho nada por europeizar y dignificar el salario mínimo o las pensiones de viudedad y que ha precarizado el empleo? ¿También tendrá derecho al paro aquel concejal asalariado que no haya cumplido sus promesas electorales (es decir, casi todos)? ¿Se someterán como los demás al despido libre votado por Convergència i Unió en el Parlamento estatal? Ciertamente no es un paso que contribuya a dignificar la política o a los políticos precisamente. Más bien todo lo contrario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de julio de 2002