El juzgado número 5 de Fuengirola, al que la policía del municipio entregó el viernes los 7.000 partes médicos con datos confidenciales de enfermos hallados en la basura, acordó ayer abrir diligencias previas para determinar si los hechos constituyen un delito de infidelidad en la custodia de documento oficial. Sin embargo, según fuentes judiciales, tras esta decisión, resolvió remitir la causa al juzgado decano para que turne el caso.
En tanto, el instructor interno nombrado por el Servicio Andaluz de Salud para tramitar el expediente disciplinario incoado a la administrativa que ordenó tirar los documentos al contenedor -en contra del protocolo que obliga a su destrucción por una empresa especializada- inició ayer su trabajo, pero no tomó declaración a la funcionaria sino que se centró en el análisis de la investigación informativa previa abierta por el distrito.
Dirigentes del Partido Popular reprocharon que desde el PSOE se haya insinuado que la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña (PP), estaba detrás de la aparición de los partes médicos, que fueron encontrados junto a los contenedores próximos a un centro de salud de la localidad por un equipo de la televisión municipal. Para el vicesecretario de Organización del PP, José Luis Sanz, esas insinuaciones obedecen a la intención de la Consejería de Salud y de los socialistas de 'ocultar una gravísima negligencia'. Por ello, Sanz instó al PSOE a 'demostrar con pruebas' sus veladas acusaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de agosto de 2002