Una juez federal del distrito de Washington ordenó ayer al Gobierno de Estados Unidos que hiciera públicos los nombres de los detenidos a consecuencia de las redadas antiterroristas posteriores al 11 de septiembre. Tanto el presidente George W. Bush como el fiscal general, John Ashcroft, se habían negado hasta ahora a revelar la identidad de los detenidos extranjeros, tanto los relacionados con simples irregularidades administrativas como los trasladados desde Afganistán y Pakistán a Guantánamo (Cuba), con el argumento de que ello dificultaría la "guerra contra el terrorismo" declarada por la Casa Blanca. La juez Gladys Kessler dictaminó, sin embargo, que el anonimato forzoso era contrario a las leyes estadounidenses, porque implicaba ocultar información al Congreso y a los ciudadanos, y dio al Gobierno un plazo de 15 días para que publicara una lista completa con todos los nombres.
La juez dio la razón a las organizaciones defensoras de las libertades civiles que habían interpuesto una demanda contra el Gobierno, y desestimó las alegaciones del Departamento de Justicia, centradas en la necesidad de mantener en secreto los nombres para no ofrecer a Al Qaeda indicaciones sobre qué información podían estar obteniendo, a través de interrogatorios, el FBI y la CIA. Kessler aceptó, sin embargo, algunas de las peticiones de los abogados gubernamentales: se respetará el secreto sobre los centros en que están internados los detenidos, para evitar que posibles colaboradores en el exterior intenten liberarles, y se podrá mantener el anonimato de quienes sean testigos de cargo en una investigación en curso, y de quienes prefieran que no se divulgue su nombre.
Tras el 11 de septiembre y en pocas semanas fueron detenidas más de 1.200 personas. La mayor parte de ellas, sin embargo, han sido enviadas a sus países de origen, puestas en libertad o formalmente procesadas por algún delito. En junio, el Departamento de Justicia informó de que los detenidos (sin contar los de Guantánamo, considerados "combatientes enemigos", pero no prisioneros de guerra) eran 147, de los que 74 eran acusados de faltas administrativas relacionadas con las leyes sobre inmigración.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de agosto de 2002