Los colectivos vecinales de Madrid más afectados por la prostitución que se registra en la calle de la Montera, en el centro de la capital, y en el parque de la Casa de Campo, saludaron ayer la medida del Gobierno catalán que regulará los prostíbulos (desde su ubicación hasta sus condiciones higiénico-sanitarias). Sí, pero al tiempo plantearon dudas sobre el efecto que esta decisión tendrá sobre la prostitución callejera y las condiciones laborales de las prostitutas.
'Por un lado creo que estamos ante el principio de la solución de un problema. Creo que está bien cambiar la anarquía que hay, pero creo que podría permitir la explotación de las mujeres', declaró Andrés Rodríguez, miembro de la asociación vecinal de la Casa de Campo y Batán. Esta es una de las organizaciones que reivindica la erradicación de la prostitución de la Casa de Campo. Otra asociación de la zona se mostró claramente a favor de importar el modelo catalán: 'Debería hacerse en Madrid y que las prostitutas pagaran impuestos', declaró Juan Díez, presidente de la Asociación de Vecinos del Alto de Extremadura.
El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, recordó ayer en Huelva que lleva 'años pidiendo la regulación de la prostitución'. El alcalde calificó de 'acierto' la idea de la Generalitat, informa Efe.
Promesas incumplidas
El Ayuntamiento prometió en 1999 una serie de medidas sociales para las mujeres que se prostituyen en la Casa de Campo. Pero después dio marcha atrás. La concejal de Policía Municipal, María Tardón, aseguró posteriormente que la solución pasaba por la legalización del oficio de prostituta.
Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Montera (AMYA), su portavoz, Juan Ramírez, se declaró 'moderadamente satisfecho' con el decreto catalán, pero admitió sus dudas sobre si esta medida 'es la solución correcta' y si debería aplicarse en Madrid. 'Tenemos que reconocer que por fin alguien asume que hay un problema, pero parece que el decreto se olvida de una cuestión de fondo: la situación de estas mujeres', declaró Ramírez.
Los vecinos y comerciantes de Montera han solicitado en varias ocasiones medidas contra la prostitución en esa zona. La asociación denuncia que la prostitución ha traído consecuencias negativas para residentes y empresarios. 'Hay una responsabilidad de la Administración local por la defensa del espacio público', señaló Ramírez. La tensión entre vecinos y prostitutas hizo que en febrero unas 200 meretrices se manifestaran en el centro de Madrid por sus derechos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de agosto de 2002