El mexicano Javier Suárez Medina fue ejecutado esta madrugada en la penitenciaría estatal de Huntsville (Texas), pese a las gestiones de último minuto hechas por el presidente de su país, Vicente Fox, y organismos de defensa de los derechos humanos. Otros dos condenados a muerte agotaban los últimos recursos legales para detener sus ejecuciones también previstas para la pasada madrugada.
Medina Suárez, quien confesó el asesinato del policía Lawrence Cadena en 1988, recibió una inyección letal después de que el Tribunal Supremo de EE UU rechazara en Washington una apelación para que se aplazara el castigo, y el gobernador del Estado, Rick Perry, se negara a interceder en su favor.
Suárez, de 33 años, fue condenado a la pena capital por asesinar a balazos a Cadena, de 43 años, durante una operación policial de combate contra las drogas realizada en Dallas el 13 de diciembre de 1988. Según el Gobierno de México y organismos de defensa de los derechos humanos, en el momento en que fue detenido la policía no le permitió comunicarse con el consulado de su país para obtener asesoramiento legal, como establece la Convención de Viena.
Suárez tenía 19 años cuando le detuvieron por el asesinato. Suárez admitió haber disparado a Cadena en la puerta de la tienda en la que trabajaba creyéndose que era un traficante de droga. Tenía motivos para pensarlo. El escuadrón antidroga de Dallas realizaba una operación encubierta de compra de cocaína a vendedores apostados fuera del establecimiento. "Pensé que era uno de los tantos traficantes porque no llevaba nada que indicara que era un policía", dijo durante la confesión.
El sheriff de Dallas ha testificado que desconocía su nacionalidad porque habla perfectamente inglés y por ello no se le ocurrió que tenía derecho a contactar con las autoridades consulares mexicanas. La jefa de la oficina del fiscal de distrito afirma sin embargo que la declaración de Suárez es confusa; una vez se identificó como mexicano y otra dijo que había nacido en El Paso. Los expertos jurídicos sostienen que la asistencia consular no hubiera cambiado la sentencia. Las autoridades mexicanas creen que, culpable o no, ha existido una violación de derechos y que es un argumento válido para anular el juicio.
Suárez, se convirtió en el 21º ejecutado en lo que va de año en Tejas y en el tercero de este mes. Actualmente hay en ese Estado 453 presos en el corredor de la muerte, 25 de los cuales son extranjeros, 18 de ellos mexicanos. Más de 3.600 personas están condenadas a muerte en EE UU.
A diferencia de las otras dos ejecuciones previstas en los Estados de Misuri y Georgia, el caso de Suárez ha captado la atención de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, que ha intercedido por él ante el Departamento de Estado. También lo han hecho ocho países latinoamericanos y Polonia.
La ejecución de Daniel Basile en Misuri quedó ayer en suspenso al aparecer un nuevo testigo que podría proporcionarle una coartada. Basille fue condenado por el asesinato de una mujer en 1992. En Georgia, no parecía probable que el gobernador del Estado fuera a suspender la ejecución de Wallace Fulgate.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de agosto de 2002