Algo muy grave debe estar ocurriendo cuando la Generalitat, el Ayuntamiento y el puerto piden al juez que no detenga las obras de la ZAL ni siquiera cautelarmente hasta que se dicte sentencia. Según la Administración, en el caso de que dicha sentencia declarase ilegal la ZAL dando la razón a los ciudadanos, y aunque para entonces se hubiese consumado la destrucción de 70 hectáreas de huerta, con todas las viviendas y formas de vida, y el patrimonio histórico que contienen, los daños causados no serían irreversibles, porque esos daños, según la administración, se compensarán en su día con dinero. Los políticos deben saber que la huerta es de todos los ciudadanos; de ésta generación y de las futuras, y no solo de los labradores; y es deber de todos conservarla y protegerla, como se hace con el idioma y con el resto del patrimonio. La pérdida del patrimonio histórico nunca se puede compensar con dinero. Para mí, que no soy labradora, me resulta indignante. No quiero ni pensar en los labradores que se han dejado en esas tierras el sudor de tantas generaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de agosto de 2002