He seguido el encierro de los inmigrantes en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y he sentido verdadero dolor viendo la violencia con que han actuado las fuerzas de seguridad del Estado en el desalojo. En esta situación tan dolorosa, ¿cómo se sentirán estas personas? La Ley de Extranjería no entiende de sufrimientos ni de penurias humanas. Aquí, en esta Europa rica, desarrollada y culta, se practica la ley del más fuerte sin tener en cuenta que la supervivencia de estos pueblos es de verdadera hambruna, y el hambre no tiene fronteras.
El encierro de la Pablo de Olavide ha terminado con el desalojo y detención de los encerrados que allí quedaban.
Una parte de ellos van a ser regularizados. La mayoría serán devueltos a sus países de origen en aplicación de la Ley de Extranjería.
El encierro no ha servido para solucionar individualmente el problema de todas estas personas, ni tampoco para que la Ley que regula, condena y sanciona la inmigración en nuestro país, sea reformada en favor de quienes la necesitan.
Salvo las dos primeras semanas de encierro, el resto de los días ha servido para la aparición de una crítica muy rotunda hacia lo que ha supuesto esta protesta.
Acusaciones de mafia dentro del encierro; gente encerrada que presionaba para que otros no abandonasen o para que no facilitarán sus datos personales; poca claridad en los dineros que llegaban a los encerrados de la solidaridad; red de apoyo acusada de no se sabe qué intereses; organizaciones sindicales que apoyaban el encierro que en ningún momento se han preocupado de los inmigrantes, y sus necesidades.
Algunas cosas que han ocurrido en este encierro no tienen explicación. Por ejemplo mi propia organización: los responsables del Sindicato de Obreros del Campo no han estado a la altura que exigía el apoyo a esta movilización.
Pesar de todo, los inmigrantes tienen razón y todo el derecho a exigir vivir con cierta dignidad y respeto en nuestro país.
El Gobierno de José María Aznar queda en entredicho, así como su doble moral a la hora de aplicar o respetar leyes. Se aplica con toda dureza leyes contra gente pobre, marginada, desprotegida, y se hace la vista gorda o se apoya abiertamente a ladrones o corruptos.
¿Por qué se aplica la Ley de Extranjería y, sin embargo, se olvida por completo la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de las personas? ¿Por qué devuelven a sus países a estas personas y nada se hace contra quienes firmaron precontratos a inmigrantes para la campaña de recogida de la fresa en Huelva, que luego no han cumplido?
Mientras no haya respeto, igualdad y tolerancia hacia los inmigrantes, mientras no se les trate como seres humanos iguales a nosotros, nuestro Estado no podrá tener la consideración de Estado de Derecho, ni será serio escuchar a nuestros gobernantes hablar de justicia o libertad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de agosto de 2002