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HACIA LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Socialistas y populares basarán la petición de ilegalización en el apoyo y justificación de ETA

El PP y el PSOE defenderán la petición al Gobierno para que inste la ilegalización de Batasuna en una enmienda conjunta que recogerá la proposición no de ley que debatirá el lunes el Congreso en un pleno extraordinario. La enmienda establecerá una relación de hechos en los que se basará la demanda, entre los que destaca la "justificación y apoyo que Batasuna dio a ETA" tras el reciente atentado terrorista en Santa Pola. El PP y el PSOE estiman que la vía penal de suspensión provisional de Batasuna, propuesta por el juez Baltasar Garzón, es "complementaria" de la de la Ley de Partidos.

El ministro de Justicia, José María Michavila, y el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, iniciaron ayer la negociación para pactar la enmienda, que se materializará en una extensa exposición de motivos de la proposición no de ley con la que el Congreso instará el lunes al Gobierno a que pida al Supremo la ilegalización de Batasuna. A tal efecto, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un informe de 15 folios, que ayer debatió con el PSOE, en el que resume las causas por las que defiende la ilegalización por hechos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos el pasado mes de junio.

El informe destaca sobre todas ellas la conducta de los portavoces de Batasuna tras el atentado de ETA el 4 de agosto en Santa Pola (Alicante), que costó la vida a un adulto y a una niña de seis años. Según el Gobierno y el PSOE, "Batasuna, con sus declaraciones tras el atentado, no se limita a no condenar a ETA sino que justifica y apoya a la banda criminal". En este sentido, asegura que el portavoz del partido aberzale, Arnaldo Otegi, justifica el asesinato atribuyéndolo a un "conflicto" con el Estado cuya "única solución" pasa por "la cesión al chantaje de ETA" y cuya responsabilidad es del jefe del Ejecutivo, José María Aznar.

El informe recuerda cómo el también portavoz de esa formación, Antton Morcillo, atribuyó a una "seña de identidad de Batasuna la no condena de ETA", lo que le confiere el carácter de un "acto político". También tiene en cuenta la intervención del concejal de Batasuna del Ayuntamiento de San Sebastián, Joseba Alvarez, al finalizar una manifestación el pasado día 10 en la que señaló que "Aznar tendrá guerra si quiere guerra", lo que es interpretado por el Gobierno como un llamamiento de Batasuna a que la banda siga matando.

"Con todo ello se produce una interacción clara entre la violencia de ETA y la justificación y apoyo que le ofrece Batasuna y que entra de lleno en los supuestos de ilegalización que contempla el artículo 9 de la Ley de Partidos", señalan fuentes del Ejecutivo y del PSOE.

Reivindicación del atentado

Los socialistas insistían ayer en la importancia del comunicado de ETA en que reivindica el atentado de Santa Pola, publicado el 13 de agosto, en el que amenaza a todos los partidos que apoyen o se abstengan en la ilegalización de Batasuna. Caldera estima que dicho comunicado refleja "la total dependencia de Batasuna de ETA, ya que es la banda terrorista la que actúa de portavoz de Batasuna".

El Gobierno también señala otras conductas del partido aberzale, posteriores a la aprobación de la Ley de Partidos, y susceptibles de vulnerar su artículo 9, como la ausencia de medidas contra el dirigente José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, tras la apertura de diligencias por el ministerio fiscal por su presunta participación en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987 y que se saldó con 11 muertos, entre ellos cinco niñas. También tiene en cuenta las "graves coacciones" sufridas por la alcaldesa socialista de Lasarte, Ana Urchueguía, "por una ínfima minoría que se impuso por la fuerza a la inmensa mayoría".

La enmienda señalará hechos susceptibles de vulnerar la Ley de Partidos, pero no precisará cuáles. "Eso corresponde decidirlo a los jueces. Como también les corresponde contextualizar la trayectoria de Batasuna anterior a la ley", señala el Gobierno.

El Ejecutivo y el PSOE estiman que la vía penal del juez Baltasar Garzón es "complementaria de la vía constitucional de la Ley de Partidos, incide en lo mismo y contribuye a estrechar el cerco a ETA". "Por la vía de la Ley de Partidos se busca la ilegalización de Batasuna por su apoyo político a ETA; por la vía del juez Garzón se trata de demostrar que Batasuna es ETA", señala el portavoz del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de agosto de 2002