La Corte Suprema de Argentina, el máximo tribunal de Justicia, decidió anoche, por siete votos contra dos, declarar la inconstitucionalidad del recorte salarial del 13% que les fue aplicado por decreto a los empleados públicos el pasado año.
El fallo del tribunal asesta un duro golpe al plan económico del presidente Eduardo Duhalde. El presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no contempla el gasto extraordinario de 2.200 millones de pesos (unos 630 millones de euros) que implicaría devolver ese recorte a los funcionarios estatales con efecto retroactivo.
La rebaja de salarios había sido dispuesta el año pasado por Domingo Cavallo, cuando ocupó el cargo de ministro de Economía del Gobierno de Fernando de la Rúa. Cavallo utilizó en aquel entonces la vía del decreto, para saltarse los pasos legislativos y poner en marcha con urgencia su plan de "déficit cero". Duhalde decidió mantener la medida en vigencia, tras la caída del Gobierno de De la Rúa, a pesar del fracaso del plan original.
A partir de esta decisión, Lavagna deberá modificar los números enviados la semana pasada al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las negociaciones por un acuerdo que saque a la economía del pantano en que se encuentra. El ministro de Economía tendrá serias dificultades para hallar financiación para este gasto.
De acuerdo a portavoces de distintos ministerios del Gobierno argentino, la decisión de la Corte se debe a la tensión política existente entre Duhalde y el máximo tribunal. En los pasillos del Ministerio de Justicia, que dirige Juan José Álvarez, los funcionarios se mostraban preocupados por la escalada que este fallo significa en el conflicto institucional con la Corte. La contienda se remonta a principios de este año, cuando Eduardo Duhalde auspició la solicitud de "jucio político" a los nueve miembros del tribunal por "mal desempeño en sus funciones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de agosto de 2002