Bruselas prosigue su tarea de desmontaje de los incentivos fiscales a la inversión del País Vasco, a pesar de que estas medidas fueron derogadas tras la paz fiscal firmada en 2000 entre el Gobierno central y las diputaciones forales. La Comisión Europea declaró ayer 'ilegal' una figura que sólo estuvo vigente en Vizcaya desde 1996, los llamados centros de coordinación, que mediante una fórmula de tributación ventajosa buscaban atraer la sede de grandes corporaciones. Sin embargo, no tuvo ningún resultado, ya que, en opinión de expertos consultados, la fiscalidad favorable que se ofrecía quedaba anulada por la mala imagen internacional de Euskadi debido a la violencia de ETA.
A diferencia de sus contundentes pronunciamientos anteriores contra los principales incentivos forales, anulados globalmente en 2001 por ser contrarios a la libre competencia empresarial, la Comisión Europea estima que la Diputación de Vizcaya pudo pensar legítimamente al implantar este régimen fiscal 'que no se trataba de ayudas de Estado'. De hecho, se basó en el sistema ya existente en Bélgica, que la propia Comisión Europea autorizó en 1984.
Sin embargo, en su campaña contra las ventajas fiscales, Bruselas cambió su criterio y en julio del año pasado abrió una investigación que afectaba no sólo a los centros de coordinación de Vizcaya, sino también a los de Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo, a cuyos gobiernos ha invitado a suprimirlos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de agosto de 2002