La Casa Blanca dice que no necesita el permiso del Congreso para atacar a Irak

George W. Bush no cree necesaria la autorización del Congreso para atacar a Irak. Los asesores legales de la Casa Blanca opinan que siguen en vigor las resoluciones parlamentarias de 1991, que dieron a Bush padre autorización para librar la guerra del Golfo. Pero los asesores políticos del presidente recomiendan que no se margine a los congresistas en un asunto tan polémico. El vicepresidente Dick Cheney dijo ayer que en el caso de Irak es 'peor la inacción que la acción' y que tras un cambio de régimen en Bagdad, 'EE UU sería saludado, como en Afganistán, como liberador, y no como conquistador'.

Cheney rebatió los argumentos de quienes se oponen a un ataque contra Irak, y afirmó que el presidente iraquí, Sadam Husein, "ha roto sistemáticamente cada uno de sus compromisos con la ONU sobre el final de sus programas de aramas de destrucción masiva".

El presidente de EE UU ha expresado varias veces su intención de "consultar" al Congreso antes de ir a la guerra contra Irak, pero nunca ha hablado de pedir permiso. Bush cuenta desde principios de agosto con un informe de su asesor legal, Alberto Gonzales, en el que se afirma que no le hace ninguna falta someterse a la autoridad parlamentaria, y que, en cualquier caso, ha heredado los poderes concedidos a su padre en 1991.

El primer George Bush también se declaró convencido, cuando se preparaba la Operación Tormenta del Desierto, de que entre sus atribuciones se contaba la de declarar la guerra. Los poderes presidenciales en esa materia se basan en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada por el Congreso pese al veto del entonces presidente, Richard Nixon. Esa resolución, que trató de solventar la confusión constitucional sobre a qué institución política corresponde dar la orden de atacar a otro país, permite que el presidente actúe de forma unilateral durante 60 días o, en casos excepcionales, 90 días, tras los cuales necesita forzosamente el permiso de los congresistas para proseguir el conflicto.

Pero Bush padre, tras proclamar que la autoridad era suya, pidió que las dos cámaras suscribieran la declaración de guerra en el Golfo con resoluciones no vinculantes, "para demostrar que no hay fisuras en el respaldo a los soldados". El Senado aprobó la guerra con 52 votos a favor y 47 en contra; la Cámara de Representantes lo hizo por 250 a 183. Esas resoluciones, que en enero de 1991 se consideraron "no vinculantes", son esgrimidas ahora como una de las bases legales con que cuenta el actual Bush.

En 1991, el Congreso permitió el uso de la fuerza para obligar a Irak a cumplir "todas" las resoluciones de Naciones Unidas. Posteriormente, la ONU aprobó resoluciones que prohibían a Irak la posesión de armas de destrucción masiva e imponían al país la presencia de inspectores de armamento. Muchos especialistas opinan que Alberto Gonzales, el abogado presidencial, se equivoca, y que los poderes de enero de 1991 expiraron el 6 de abril de ese año, cuando Irak firmó un alto el fuego amparado por la ONU. Otro argumento legal que Bush cree poder utilizar, según The Washington Post, es la resolución parlamentaria que el 14 de septiembre de 2001, tres días después de los atentados del 11de septiembre, respaldó la guerra contra el terrorismo. La Casa Blanca necesitaría probar, sin embargo, que Sadam Husein tiene conexiones con Al Qaeda.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, asegura que Irak acoge a "altos dirigentes de Al Qaeda", pero nunca ha dado nombres, ni lugares concretos, ni pruebas. Más pantanoso aún sería demostrar que el régimen iraquí es intrínsecamente terrorista y justificar con ello un ataque preventivo.

Los asesores políticos de Bush le recomiendan que busque, como su padre, una fórmula para involucrar al Congreso en la probable guerra contra Irak. Su tesis se basa en que la Casa Blanca no puede permitirse afrontar un conflicto difícil y quizá largo con un Congreso marginado y resentido. "Aún no hay decisiones tomadas, ni sobre la guerra ni sobre el soporte legal de la misma", dijo ayer el portavoz presidencial, Ari Fleischer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de agosto de 2002