Los procesos secretos de deportación de extranjeros ordenados por EE UU tras el 11-S sufrieron ayer un duro revés judicial. El sexto tribunal federal de apelaciones los declaró inconstitucionales en un fallo en el que, de paso, advertía al Ejecutivo de que 'las democracias mueren' cuando operan a puerta cerrada, aun cuando sea en nombre de la seguridad. Aunque la decisión no tiene alcance nacional y el Gobierno puede apelarla al Supremo, sienta un precedente para otros casos pendientes y afecta potencialmente a decenas de sospechosos de terrorismo detenidos por violar leyes de inmigración.
La victoria fue sobre todo importante para el libanés Rabih Haddad, sospechoso de estar vinculado con Al Qaeda y detenido por tener un visado caducado, pero el caso cobra mayor trascendencia por ser la primera vez desde la guerra de Vietnam en que la prensa suscribe una causa social. Cuatro periódicos demandaron conjuntamente con Haddah y la Organización de Libertades Civiles al Gobierno de Bush. El tribunal se hizo eco en su fallo del nuevo papel de los medios de comunicación: 'La sociedad ha comisionado a los medios como guardianes de la libertad'.
El Gobierno ha restringido algunas libertades a raíz de los atentados, entre ellas el acceso público a las audiencias de deportación, aduciendo que 'comprometen la estrategia antiterrorista, no son un juicio en sí y, además, ponen en peligro la propia seguridad física de los detenidos'. Esos argumentos le parecieron insuficientes tanto al juez que en abril decidió en el caso de Haddah como al sexto tribunal federal de apelaciones.
'Un Gobierno que opere bajo la sombra del secreto está en completa oposición a la sociedad que imaginaron los padres de nuestra Constitución', escribió el magistrado jefe del panel, Damon J. Keith. Sin embargo, el fallo deja la puerta abierta a que los tribunales inferiores evalúen caso por caso la necesidad de cerrar un proceso al público.
Haddah fue detenido el 14 de diciembre porque el Departamento de Justicia sospechaba que la organización supuestamente humanitaria que dirigía canalizaba fondos a Bin Laden. Le congelaron las cuentas, cerraron la organización e iniciaron los trámites para su deportación. Ahora el proceso está en suspenso y Haddah ha solicitado asilo en EE UU aduciendo que teme por su vida si regresa a Líbano.
Estados Unidos ha deportado a cientos de detenidos en conexión con la investigación del 11-S. En total detuvieron a 752 personas por distintas ilegalidades immigratorias, de las que 81 permanecen bajo custodia del Departamento de Inmigración.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de agosto de 2002