El Departamento de Bienestar Social y los ayuntamientos del Maresme firmaron ayer un convenio para favorecer la integración de los inmigrantes que viven en la comarca. Este acuerdo se inscribe dentro del Plan Interdepartamental de Inmigración de la Generalitat y tiene como objetivos facilitar el desarrollo personal y social de los trabajadores extranjeros. El Gobierno catalán destinará 36.000 euros anuales para realizar este proyecto, que será gestionado por el Instituto para la Reinserción Social (IRES).
El plan se iniciará con la creación de varias comisiones que estudiarán las necesidades de la población inmigrada y determinarán las actuaciones que se llevarán a cabo para cubrirlas. En especial, los grupos de trabajo se centrarán en las áreas de enseñanza, sanidad y ocupación. 'Las personas que lleguen a la comarca deben incorporar nuestras conquistas, tales como la educación obligatoria', afirmó la consejera de Bienestar Social, Irene Rigau. Para ello, el Gobierno catalán y los consistorios locales se valdrán de la figura del mediador intercultural, que facilitará la comunicación entre los profesionales de cada departamento y los inmigrantes.
El representante del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), Idrissa Djiba, consideró que se trata de 'una buena iniciativa', pero advirtió de que debe haber una implicación real de todas las administraciones para superar el 'obstáculo' que supone la actual Ley de Extranjería. '¿Qué puede hacer un Ayuntamiento para integrar a una persona que debe vivir clandestinamente durante tres años para obtener el permiso de residencia?', planteó Djiba.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de septiembre de 2002