La juez Teresa Palacios ha rechazado el recurso presentado por el Banco Santander contra el auto por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y que supuso la imputación del presidente de la entidad, Emilio Botín, y de cuatro de sus directivos (uno de ellos ya fallecido) en 138 delitos fiscales, así como de falsedad continuada en documento oficial, según informó ayer la abogada Almudena Rodríguez.
La decisión era esperada, por cuanto la juez Palacios simplemente ha confirmado su propia actuación y ya anteriormente rechazó el recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño.
La resolución realmente trascendental será la que la Audiencia Nacional adopte sobre el recurso de queja que el fiscal Fungairiño, con el respaldo del abogado del Estado, presentó contra el citado auto y que motivó la suspensión de las actuaciones hasta tanto no se resuelva el recurso.
El fiscal pedía el archivo de la causa para los ejecutivos del Banco Santander por entender que no habían cometido delito alguno. Además de a Botín, la juez imputó a 149 personas por delito fiscal y falsedad. El fiscal, en su recurso, entiende que es inviable el juzgar a 149 personas cuando no existe concierto o relación entre ellas.
El auto de Teresa Palacios recordaba que las entidades del grupo Banco Santander ofrecieron en 1988 y 1989 a sus clientes un producto financiero denominado cesiones de nuda propiedad de crédito por el que captaba fondos fiscalmente opacos y que según la juez daba "cobertura al dinero negro de los clientes". La magistrada detallaba extensamente las resistencias del banco a facilitar la identidad de los clientes y utilizó las comunicaciones internas entre los directivos para inferir que todos ellos estaban al corriente de las operaciones y que incluso de ellos partían las instrucciones que luego se cumplían, tanto para facilitar datos a la Unidad Central de Información como a Hacienda, y para avisar a los clientes de que debían regularizar su situación con el fisco. La cuantía del perjuicio a Hacienda se cifró en 145.120 millones de pesetas (872.188.765 euros).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de septiembre de 2002