El proyecto de ley de Ordenación Sanitaria popular es la 'culminación' de un modelo privatizador y la ley de Derechos e Información del paciente es un texto superficial. Así lo entiende la diputada socialista María José Mendoza quien comentó ayer que, entre las 328 enmiendas presentadas por su partido a ambos textos, se encuentra la petición de que la ley establezca un plazo de tres meses para fijar tiempos máximos de espera, ya sea a la hora de aguardar que se le practique una intervención, una prueba diagnóstica o una consulta.
Mendoza criticó la ley de Derechos sanitarios por entender que entra poco en detalle. Apuntó que entre las enmiendas presentadas por su grupo figura el derecho a tener una habitación individual -si las condiciones presupuestarias lo permiten- especialmente para los pacientes que se encuentren más graves. Otra de las solicitudes del PSPV es regular de forma detallada los derechos de grupos desfavorecidos en relación con la sanidad pública, como la de enfermos mentales, personas dependientes, menores, ancianos o los de la madre en el parto .
La diputada socialista fue especialmente dura al definir la ley como un texto que da amparo a un modelo sanitario ligado a los intereses privados, las aseguradoras, los grandes grupos farmacéuticos y el clientelismo del PP. Además, apuntó que entre las enmiendas que apoya su grupo para 'evitar el desmantelamiento del sistema público de salud' está pedir la inclusión de nuevas prestaciones que puedan garantizar la cobertura de la asistencia bucodental, el cambio de sexo o los cuidados a la población dependiente, entre otros. Pidió también incrementar la actividad inspectora en salud pública, 'para prevenir problemas como los contínuos brotes de legionela' que se repiten en la Comunidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de septiembre de 2002