El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió ayer aplazar por un año el pago de 2.700 millones de dólares que Argentina debía efectuar antes del lunes próximo. Esto evita, en el último minuto, que Argentina caiga en suspensión de pagos con el organismo, algo que golpearía aún más su débil posición internacional. El Gobierno argentino pactó con el FMI el envío a Washington, la semana que viene, de una nueva misión negociadora, lo que se interpreta como una nueva oportunidad para el país suramericano en la traumática búsqueda de un acuerdo.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió ayer prorrogar por un año el vencimiento de deudas por 2.700 millones de dólares que Argentina debía pagar antes del lunes próximo. La decisión alivia en parte la tensión de los últimos días, cuando los directivos del FMI y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill, rechazaron las metas económicas presentadas por el Gobierno argentino en el borrador de la carta de intención porque "no eran suficientes para crear una base de estabilidad" y reclamaron a los líderes políticos recomponer el "imperio de la ley" y combatir "contra la corrupción y los sobornos".
El director del FMI, Horst Köhler, confirmó en Washington la prórroga del vencimiento de la deuda, pero se mostró preocupado por "recientes iniciativas" relacionadas con el sistema bancario de Argentina. Asimismo indicó que quedan asuntos "pendientes" que deben ser solucionados a través de "un consenso político interno" en Argentina y que el respeto a los derechos contractuales es condición "sine qua non" para alcanzar "un programa sostenible".
Después de reunirse con el inglés John Thornton, jefe de la misión del FMI que llegó el martes al país, el ministro de Economía del Gobierno argentino, Roberto Lavagna, confirmó que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, viajará a Washington la próxima semana para avanzar en la corrección de las metas comprometidas en el borrador de la carta de intención enviada hace dos semanas. "Las reuniones con Thornton transcurrieron en medio de un clima positivo, pero hubo mucha cautela de ambas partes después de lo dicho por O'Neill", confió un portavoz del Ministerio de Economía, todavía esperanzado en que se logre un trato definitivo con el organismo de crédito. Un nuevo acuerdo con el FMI podría permitir a Argentina postergar todos los vencimientos pendientes de este año y los del próximo hasta fines del año 2003.
Nadie habla ya del ingreso de dinero fresco, sólo de fondos por cuotas de créditos suspendidos del Banco Mundial o préstamos directos, al menos hasta que asuma el Gobierno que gane las elecciones previstas para el próximo 30 de marzo. Lavagna admitió que aún no existe con el Fondo una línea de negociación clara y por eso no se le puede ofrecer a los candidatos que firmen un compromiso sobre sus políticas económicas. Thomas Dawson, portavoz del FMI, señaló la semana pasada que "en el organismo hay dudas sobre los problemas legales del plan", en una clara alusión a la inestabilidad política que circunda al presidente Eduardo Duhalde.
Según Duhalde, "no hay que prestar mucha atención a las críticas de los funcionarios norteamericanos", pero los portavoces del Gobierno admiten que es "imprescindible" lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. El jefe del Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof, aseguró que las negociaciones progresan a pesar de todo, y agregó.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, admitió, en conferencia de prensa, que podría alcanzarse un acuerdo "en cuotas": "en junio recibimos la primera prórroga, ahora tenemos otra para el vencimiento en septiembre. De otro modo, condenaríamos a la Argentina a vivir en una situación más espantosa que la de hoy".
En un comunicado difundido ayer, el Ministerio de Economía anunció que "las autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Ministerio de Economía de la Argentina continuarán tratando la semana próxima en Washington los términos de la carta de intención para un nuevo programa stand by". El nuevo documento incorporará, a partir del borrador de carta de intención que fue remitido por el Gobierno argentino el pasado 16 de agosto, los resultados de las reuniones que se están manteniendo en estos días en Buenos Aires.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, confirmó ayer la apertura de una línea de créditos por 198 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas. En un seminario sobre ética y economía organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el presidente del BID dijo además que "el plan económico es coherente; falta ajustar algunos elementos, como lo ha dicho el propio ministro Lavagna, pero se han dado pasos muy importantes hacia una solución".
Para cumplir con los "requisitos políticos" que reclama el FMI, el Ejecutivo argentino debería impedir que los gobiernos provinciales continúen emitiendo títulos de deuda que circulan como moneda y suman ya el equivalente a 10.000 millones de pesos, casi 3.000 millones de dólares.
Por otra parte, tendría que imponer su mayoría parlamentaria para lograr que el Congreso desista definitivamente del juicio político a la Corte Suprema de la Nación. El máximo tribunal del país amenaza a su vez con declarar inconstitucional el corralito financiero y la pesificación obligatoria de la economía argentina impuesta hace ocho meses. La sesión del parlamento que debía ayer decidir sobre el destino del Supremo se suspendió hasta el próximo martes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de septiembre de 2002