El juez Baltasar Garzón notificó ayer una batería de resoluciones, con cuatro providencias, dos autos y un suplicatorio en el proceso contra Batasuna. El suplicatorio lo dirigió al presidente del Parlamento Europeo, a través del presidente del Tribunal Supremo, para reclamar que se suspendan cautelarmente las ayudas y subvenciones a Batasuna.
En las providencias se solicitan diversos informes a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la policía, previos al envío de una comisión rogatoria a Francia para la clausura de la sede de Batasuna en la rue de Cordeliers, en Bayona; relación exhaustiva de los documentos en los que aparezca HB-EH-Batasuna, sus miembros o cargos como integrantes del complejo terrorista liderado por ETA; identificación de las sedes de la formación radical en las que se hayan encontrado documentos o material relacionados con la actividad delictiva que se investiga, e informe sobre las cuentas de Batasuna partiendo de las fuentes de financiación, ingresos y operaciones financieras.
En ese sentido, se ha solicitado a ocho bancos y cajas de ahorros que informen de las operaciones que han realizado con Batasuna y las personas que han representado a la formación en tales operaciones.
En los dos autos, Garzón acuerda designar tres peritos expertos en finanzas para que elaboren un dictamen sobre la financiación de Batasuna y que desvelen la realidad de dicha estructura en el marco del MLNV.
Además, ha acordado remitir comisiones rogatorias a Nicaragua, Estados Unidos y Australia, para la clausura de una casa de Batasuna y la suspensión de los dominios de la formación en Internet.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de septiembre de 2002