En febrero de 2001 sufrí un accidente laboral, provocándome una invalidez total permanente de mi mano derecha.
Por curiosidad solicité a la Inspección de Trabajo la vista de mi expediente y, cuál fue mi sorpresa que, aun viendo dicha Inspección de Trabajo la falta de medidas de seguridad y un manual de funcionamiento de la máquina que yo manipulaba, a la empresa sólo le impusieron una sanción administrativa de 1.500 euros.
No puedo aceptar que las graves consecuencias que para todo trabajador/a puede implicar el sufrir un accidente de trabajo, que la Administración aplique meras sanciones administrativas.
En mi opinión, la mayoría de los empresarios hacen cálculos y ven que les resulta más rentable el pago de dichas sanciones administrativas en caso de accidente laboral que tener su empresa de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Están jugando con la vida de todos los trabajadores y con las graves consecuencias para todos sus familiares. La solución no se debe hacer esperar más tiempo. En mi caso puedo decir que estoy viva. ¿Pero cuántos trabajadores/as han de perder su vida para que se tomen soluciones efectivas? ¿A qué están esperando todas las fuerzas políticas y sindicatos?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de septiembre de 2002