Tres años después de expirar el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, sigue sin cerrarse el destino de los 200 barcos andaluces que faenaban en aquel caladero. Las ayudas a los tripulantes y la ubicación de los últimos 20 barcos ha desatado enfrentamientos en el sector. La protesta de los pescadores de La Caleta de Vélez puso de manifiesto un malestar creciente por la instalación en el caladero nacional de más de 60 buques que trabajaban en Marruecos.
Las 2.400 embarcaciones del litoral, la mayoría de menos de 10 toneladas, han visto como una intromisión la aparición en sus zonas de barcos que antes tenían licencias marroquíes. El presidente de la Federación de Armadores de Andalucía, Pedro Maza, destaca que 'está casi hecho el destino de la mayor parte de los barcos; bien, mal o regular hay que terminar de cerrarlo, porque quedan flecos y así evitaremos macutazos y especulaciones como las de los últimos días'. Rafael Campos, patrón mayor de la cofradía de Vélez, declaró tras la reunión del 29 de agosto que el Ministerio había accedido a su petición de 'suspender temporalmente la concesión de 20 licencias a embarcaciones del caladero marroquí para faenar en Andalucía'.
Maza desmiente que hubiera la intención de dar licencias para el caladero nacional a los aproximadamente 20 barcos que quedan por ubicar: 'Yo mismo me negué a que el conjunto de la flota de Marruecos pasara a caladero nacional, precisamente para evitar enfrentamientos, pero ahora ha quedado un número mínimo de barcos, unos 16 o 17, y es necesario que el sector sea solidario'. La Federación de Armadores ha solicitado que dos arrastreros de Málaga, que tienen poco más de 10 años puedan pescar en el caladero nacional y que el resto soliciten el desguace.
El consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, opina que 'el Ministerio no debería tomar ninguna decisión sobre el destino de estos barcos sin un consenso previo entre la administración central, la Junta y todo el sector andaluz'. Sostiene que estos barcos, todos de más de 10 años, 'tienen salida en el reglamento comunitario y el caladero andaluz está soportando un esfuerzo muy alto'.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, dijo ayer que el Gobierno continuará aplicando 'con prudencia' la legalidad y atenderá a los procesos de legalización de las unidades de pesca que el caladero admita, informa Europa Press. Arias anunció que 'también se va a llevar a cabo un estudio técnico del caladero, y el próximo día 9 habrá una reunión en el Ministerio con el sector artesanal de Huelva'. La solución que se le dé a los onubenses, según el ministro, será la misma que se dé a Cádiz.
De los 200 barcos que trabajaban en Marruecos, la dirección general de Pesca de la Comisión Europea ignoró en sus planes de reconversión a 50, que no justificaron haber estado parados al menos seis meses, lo que significa que tenían licencia para el caladero nacional o en otras aguas. De los restantes 150, aproximadamente la mitad tenían menos de 10 años y se les ha buscado un sitio en el caladero nacional (más de 50) o en terceros países (10 en empresas mixtas en Argelia y una docena en países, como Portugal, Mauritania o Senegal). Plata critica que 'se haya primado el desguace', y resalta que 'el Ministerio exageraba cuando decía que todos los barcos tenían resuelto el futuro en terceros países'.
El destino previsto para los 75 barcos de más de 10 años era el desguace. Pero hasta ahora sólo 54 barcos han solicitado esta subvención, según fuentes de los armadores. De la flota de Marruecos hay en este momento trabajando en el caladero nacional 14 arrastreros, 27 de cerco, 12 palangreros de superficie y 4 de fondo.
Pero junto al problema de los barcos, hay latente otro que recuerda el consejero Plata: 'Más grave que la situación de los barcos es la de los tripulantes, de la que casi no se habla'. Plata afirma que 'el Instituto Social de la Marina no nos informa sobre las cotizaciones y las bases de liquidación, así que no sabemos exactamente los derechos que tienen para prejubilaciones, jubilaciones o indemnizaciones. La Junta ha creado unas oficinas especiales para asesorar a los 2.000 tripulantes que pueden recibir 12.000 euros por el cese de actividad en la mar o 60.000 si quieren crear empresas alternativas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de septiembre de 2002