En España resulta imposible comparar los modelos sobre la Europa del futuro que ayer expuso el PSOE en Madrid y que siete primeros ministros del Partido Popular Europeo (PPE) analizarán mañana en Cerdeña (Italia) sin introducir las particularidades que defiende por su cuenta el PP español, cuyo modelo completo aún es una incógnita. Los tres apuestan por una Constitución para la Unión Europea en la que esté incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Se trata de una coincidencia trascendental, que ya hoy, cuando ha sido aceptada incluso por el Gobierno británico, parece irreversible, sólo un año después de que su sola mención levantara ampollas en Londres y en los países nórdicos.
Las divergencias son cruzadas. Socialistas españoles y PPE se distancian sobre todo cuando el PSOE apuesta por una Europa más social, más preocupada, por ejemplo, por los puestos de trabajo de calidad y las prestaciones sociales, y no sólo por la creación pura y dura de empleo, aunque sea a costa del despido fácil y barato.
La principal separación entre el PSOE y el PP, sin embargo, la marca la apuesta de los socialistas por una Federación de Estados para Europa y, más concretamente, por el papel que están dispuestos a dar a las regiones en esa segunda cámara legislativa que dibujan en el Consejo de la UE con representantes de los Gobiernos y de las autonomías. Los populares españoles, por el contrario, no conceden a las regiones otro papel que vaya más allá de su participación en el Comité de las Regiones, ese órgano consultivo al que sí están quieren dar un mayor protagonismo.
No es la única cuestión en que el PSOE coincide mucho más con el PPE que con los populares españoles. Así, PPE y PSOE quieren que el presidente de la Comisión Europea sea elegido por el Parlamento Europeo, tesis que no gusta nada ni en Moncloa ni en Ferraz. También sostienen los dos, y no Moncloa, que el Consejo debe tomar casi todas sus decisiones por mayoría, y no por unanimidad, mientras Moncloa quiere mantener esa cultura del veto para la política exterior y la de defensa. Al PP español tampoco le gusta la apuesta por un Gobierno económico europeo que gusta al PSOE y al PPE, porque los populares españoles prefieren seguir hablando de una mera coordinación de políticas económicas de bajo nivel.
La apuesta federal del PSOE y del PPE queda reflejada también en sus coincidencias a la hora de que exista un Tribunal Constitucional europeo, que la Comisión se convierta en un verdadero Ejecutivo europeo, que su presidente designe a los comisarios o que existe esa segunda cámara legislativa en representación de los Estados.
Extrañamente, en cambio, el PSOE ha recogido en su documento una tesis que fue planteada inicialmente por el francés Jacques Chirac y aireada después con gran publicidad por el británico Tony Blair y José María Aznar: se trata de la posibilidad de crear la figura de un presidente de la UE para varios años, una tesis que fue duramente criticada por los socialistas españoles hace unos meses y que ahora, en cambio, se asume como una posibilidad. Ahora, los tres miembros del PSOE que están en la Convención sobre el futuro de Europa (José Borrell, Carlos Carnero y Diego López Garrido) presentarán la propuesta de Ferraz en ese foro. Desde Bruselas, algunos expertos ya han soltado su primera crítica al documento: es imposible que en el nuevo reparto de poder el PSOE decida dar más trozo de la tarta a las tres instituciones europeas a la vez (Consejo, Comisión y Eurocámara) porque la tarta es la misma. En el PP, por el contrario, la crítica global no cabe: simplemente porque no tiene un proyecto elaborado y publicado. A Aznar no le gustan los modelos cerrados, como él mismo suele decir. Además, las divergencias internas entre los más europeístas y los más nacionalistas surgen en cuanto oyen la palabra Bruselas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de septiembre de 2002