La Asociación de Mujeres Juristas Themis, Jueces para la Democracia y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas piden al Gobierno la creación de un fondo público que adelante las pensiones impagadas tras la ruptura familiar y las reclame luego a los ex cónyuges morosos. Esta petición se produce tras anunciar EE UU que encarcelará a los separados deudores y ante la primera comparecencia del nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, quien expondrá mañana en el Congreso su política social. El PP prometió implantar esta medida, al igual que los socialistas cuando estaban en el poder. Las denuncias por impago de pensiones han crecido un 15% en tres años, según datos de 1999 de la Fiscalía.
La separación y el divorcio, que ya provocan más de 100.000 sentencias anuales, suelen tener como consecuencia que uno de los cónyuges (generalmente el hombre) quede obligado a pasar una pensión a los hijos y, en ciertos casos, también a la pareja. Sin embargo, los impagos son frecuentes. Esto provoca serias dificultades económicas que en otros países de la Unión Europea se subsanan con la existencia de un fondo público que adelanta la pensión y la reclama después al cónyuge moroso. España carece de un mecanismo similar, pese a las promesas realizadas por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP.
En España, entre 1997 y 1999 aumentaron un 15,2% las denuncias por impago de pensiones familiares que investigó el Ministerio Público, según las memorias de la Fiscalía General del Estado. En 1997 se iniciaron 7.896 diligencias penales por ese motivo. En 1999 ascendieron a 9.101. Al año siguiente, en cambio, las denuncias investigadas se redujeron el 31%.
Arresto en fin de semana
El impago de las pensiones familiares es un delito castigado con una pena de arresto de ocho a 20 fines de semana. Sólo en Madrid, donde se tramitan anualmente unos 10.000 procesos de separación o divorcio, se dictan unas 1.000 condenas anuales por impago de pensiones, según fuentes judiciales.
Sin embargo, estas deudas no llegan siempre a los tribunales. La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, estima que la incidencia del problema es mucho mayor de lo que revelan las cifras de la Fiscalía. Calcula que el 80% de los profesionales liberales obligados a sufragar el gasto de sus hijos incumplen este deber. 'Entre los trabajadores con nómina en esta situación, el 67% la tiene embargada para hacerle frente', asegura. Pérez del Campo añade que 'sólo el 10%' de las mujeres separadas o divorciadas tiene derecho a pensión y que esta obligación se incumple 'en el 90% de los casos'.
La constitución de un fondo público que abone las pensiones familiares en caso de impago y persiga al moroso es una reivindicación veterana de varias asociaciones de mujeres. La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany, lamenta que la iniciativa esté 'muy paralizada' pese a los anuncios de distintos Gobiernos. 'Falta voluntad política', asegura. En 1987, el Ejecutivo socialista incluyó esa iniciativa en el plan de acción para la igualdad de oportunidades. En 1994, la entonces ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, reconoció que el Gobierno no tenía previsto crear el fondo y que le preocupaba su coste.
Cuando el PP llegó al Gobierno, en 1996, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, anunció que el proyecto legislativo para crear el fondo se aprobaría en 'un mes'. El compromiso se incumplió. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la postura del nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, quien el martes detallará en el Congreso sus iniciativas sociales.
Por su parte, el Parlamento catalán aceptó en 2000, a propuesta de Esquerra Republicada de Catalunya, crear el fondo de garantía en esa comunidad. El departamento de Justicia ha elaborado un informe sobre la puesta en marcha del organismo que entregó en abril pasado a los grupos parlamentarios.
El fondo debería funcionar tanto para las pensiones de los hijos como para la de los ex cónyuges, afirma Alemany. Pérez del Campo se muestra de acuerdo. Ambas piden también al Gobierno central que dé instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que el ministerio público extreme el celo 'para perseguir el impago de las pensiones de separación y divorcio e investigar la insolvencia'. Esta suele aducirse para justificar la falta de pago. Este tipo de actuación iría en la línea de la adoptada semanas atrás por el Gobierno de EE UU al iniciar una redada de padres morosos. Allí ese problema afecta al menos a una de cada tres parejas divorciadas.
El veterano letrado Luis Zarraluqui, presidente de la Asociación de Abogados de Familia, se muestra un tanto escéptico ante la 'exageración' de algunos datos 'no comprobados' sobre impago de pensiones, pero considera 'razonable' la creación del fondo estatal para pago de pensiones alimenticias impagadas, aunque duda si debe abarcar también a las pensiones compensatorias al ex cónyuge.
'Menos castigado que el hurto'
El coste de la creación del fondo de garantía de las pensiones familiares impagadas 'no sería tan alto', según la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany, ya que los poderes públicos que adelantaran el dinero se podrían convertir en los acreedores de la persona morosa. 'Además, la reclamación tendría mayor fuerza que si la hace una persona individual', añade. El presidente de la Asociación de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, estima conveniente 'limitar la cuantía de la obligación del Estado, de modo que sólo afecte a la necesidad de sustento del menor'. Así, 'el adelanto público de la pensión no se vincularía con el objetivo de mantener el nivel de vida y cuando el Estado recuperara el importe impagado, se limitaría a la cantidad realmente abonada al perjudicado'. Entre las asociaciones de jueces se reconoce la importancia del problema, pero se proponen estrategias distintas. Para Vicente Magro, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, la creación del fondo es 'una cuestión delicada', ya que 'abriría una vía para que cualquier pesrsona con una reclamación económica se dirigiera al Estado'. La asociación progresista Jueces para la Democracia considera que el impago de pensiones familiares es 'un problema socialmente grave, muy extendido y con gran incidencia procesal'. Su portavoz, Juan Luis Rascón, incide en que esa conducta 'atenta contra un deber de solidaridad primario'. 'Está más castigado el hurto que el impago de las pensiones familiares', añade. Jueces para la Democracia respalda la creación del fondo, pero, dado su coste, plantea que sólo actúe en 'las situaciones más insostenibles'. 'Además, tiene que haber una persecución social de la persona insolidaria', añade Rascón. Las dos asociaciones de jueces reconocen la necesidad de mejorar el uso de las herramientas legales ya existentes contra el impago.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de septiembre de 2002