La reclamación de esta información tributaria pretende aclarar el desfase de hasta 423 millones de pesetas (2,53 millones de euros) que el fiscal del Tribunal Supremo Luis López Sanz encontró el pasado enero, cuando era teniente fiscal Anticorrupción y acusador en esta causa. López Sanz cotejó los libros de contabilidad aportados por el Arzobispado de Valladolid a la juez con la nota manuscrita en la que el ecónomo, Enrique Peralta, caligrafiaba los ingresos que aportaba cada poco tiempo a la empresa de Antonio Camacho. Así vio una diferencia de 423 millones de pesetas en 1996, de 196 millones de pesetas en 1997 y de 346 millones de pesetas en 1998. Desde esa fecha y hasta marzo, la juez Palacios y el arzobispado mantuvieron un cruce de escritos y reclamaciones de información que tuvo como último capítulo el envío desde el arzobispado a la Audiencia de 34 documentos que detallaban la relación de esa institución religiosa con Gescartera.
En esos meses, el arzobispado justificó el desfase hallado por el entonces fiscal Anticorrupción en las especiales normas contables por las que se rigen las instituciones religiosas. Según esas normas, sólo están obligadas a consignar como inversión la cantidad que, efectivamente, esté invertida al final de cada ejercicio. Y como entre las peculiaridades de Gescartera se contaba mantener la mayor parte del dinero que le confiaban sus clientes en efectivo y sólo un mínima (o nula) parte invertida en algún presunto mercado bursátil, al final de cada ejercicio el arzobispado sólo apuntaba como inversión la parte que Gescartera decía tener invertida, y dejaba el resto en otra cuenta, que curiosamente se denominaba de "administradores".
Fuentes del Arzobispado subrayaron entonces y reiteran ahora que esos "aparentes desfases" ya habían sido explicados a la Agencia Tributaria en una inspección sobre la que Hacienda nunca informó por la confidencialidad de sus actuaciones. Por ello, el arzobispado pidió a la juez que reclamase a Hacienda el resultado de su inspección pues, según mantiene, demuestran la "limpieza" de su actuación.
Pese a estas explicaciones, el juez Del Olmo reclama a la Agencia Tributaria que le "remita las actuaciones de inspección y comprobación referente a ejercicios no prescritos" que "pudieran tener relación con Gescartera" y, "en concreto", las referentes al arzobispado porque "obtuvo un reembolso de fondos superior al que figura como partícipe", es decir, por ese desfase de fondos.
La doble contabilidad que, según fuentes del arzobispado, pueden mantener las instituciones religiosas podría también servir de explicación para las contradictorias respuestas que el arzobispado dio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando en 1999 el equipo de Supervisión que dirigía David Vives le preguntó por escrito cuál era su inversión en Gescartera. En tres cartas fechadas con pocos días de diferencia, el ecónomo dijo primero que su inversión era (a 30 de noviembre de 1998) de poco más de 30 millones de pesetas, después que era (en esa misma fecha) de 1.105,8 millones de pesetas y, en una última misiva, subrayó su "conformidad y satisfacción" con la gestión realizada por Gescartera, que entonces era una sociedad de cartera pues no había sido aún ascendida a agencia de valores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de septiembre de 2002