Los grupos parlamentarios de CiU e IU han reclamado a la Mesa del Congreso un informe jurídico para aclarar si es necesario que el Gobierno presente sus proyectos de ley -en este caso el de la Ley de Calidad- junto con una memoria económica, y si es obligatorio que ésta sea remitida al Parlamento.
La Mesa rechazó ayer por segunda vez la petición del PSOE de que se paralice la tramitación del proyecto de Ley de Calidad, pero, tal y como hizo la semana pasada con una petición similar de IU, aceptó la solicitud de la responsable socialista de Educación, Carme Chacón, para que el Gobierno remita la memoria económica al Congreso.
El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaráz, dijo que si el Gobierno no cumple con su obligación y se resiste a dar a conocer la memoria económica de la ley su grupo acudirá a los tribunales. Alcaraz ironizó al afirmar que, si hay algún secreto de Estado en ese informe, el Ejecutivo siempre puede enviarlo a la Comisión de Secretos Oficiales.
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Pero desde el PP insisten en que todavía no hay memoria económica. Su portavoz parlamentario, Luis de Grandes, señaló que lo que dice la ministra de Educación, Pilar del Castillo, 'sigue siendo la única verdad', pues la memoria económica 'no existe'. De Grandes explicó que, tras la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera fijar esa dotación económica.
Por su parte, Del Castillo señaló ayer que los itinerarios que prevé la Ley de Calidad han de ser un 'elemento común' de la ordenación de todo el sistema educativo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de septiembre de 2002