La colaboración de los jueces para la exhumación, identificación y práctica de pruebas forenses de cadáveres hallados en muchas partes de España de republicanos asesinados durante la Guerra Civil es fundamental para llevar a buen fin el deseo de los familiares de "devolverles la dignidad" con sus enterramientos. El PSOE presentó ayer una proposición no de ley, que se debatirá la próxima semana en la Comisión Constitucional, por la que demanda la colaboración de los poderes públicos para sacar de fosas comunes, de cunetas y de barrancos los restos no identificados de varios miles de personas, según estimación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En las provincias de León, Burgos y Granada, y en las comunidades de Extremadura y Asturias se tiene constancia de la existencia de muchos restos humanos que yacen desde hace 60 años y cuyos familiares callaron. La democracia, y con ella "la reconciliación de todos los españoles", permite rescatar del olvido a todas esas personas que murieron "por defender la República y la democracia", señaló ayer la diputada socialista leonesa Amparo Valcarce, autora de la proposición no de ley, que compareció en el Congreso junto al portavoz socialista, Jesús Caldera. En sus intervenciones ambos quisieron resaltar que no pedían "responsabilidades a nadie".
Valcarce, que ha investigado el tema y ha celebrado múltiples entrevistas con familiares y amigos de los asesinados que todavía viven, señala que "éstos sólo quieren devolver la dignidad a sus muertos con algo tan elemental como su enterramiento, ya que se les privó del duelo, una práctica común a todas las civilizaciones".
Muestras de ADN
Este proceso ya empezó el 28 de octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo, cuando un grupo de arqueólogos voluntarios exhumaron de una fosa común los restos de 13 civiles republicanos. El 16 de marzo de 2002, la Universidad de Granada aceptó a título "excepcional", según Valcarce, que un experto tomara las muestras de algunos cuerpos para practicarles la prueba del ADN, lo que sólo se hizo sobre cuatro cadáveres.
Después se han abierto otras fosas en Piedrafita de Babia y en Fresnedo, en León, pero queda mucho por hacer, ya que se calcula que puede haber unos 30.000 cuerpos en fosas comunes. Caldera y Valcarce consideran imprescindible el apoyo público, pues la respuesta judicial no está siendo homogénea y para exhumaciones y posteriores prácticas de identificación se requiere la autorización judicial.
La proposición no de ley socialista pide la creación de una subcomisión que estudie y proponga las medidas necesarias que permitan la más eficaz consecución de estos objetivos. En segundo lugar solicita a las administraciones públicas que cooperen con los medios materiales y humanos necesarios para esta tarea. Y, desde luego, que el Consejo General del Poder Judicial adopte las decisiones oportunas para la actuación de los órganos judiciales en lo que es su competencia, así como al Fiscal General del Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de septiembre de 2002