Me dirijo a usted ante las noticias publicadas en su periódico de día 9-9-2002 en el que se dice que la situación de las listas de espera en la Comunidad de Madrid 'no presenta cambios significativos'. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha realizado un estudio comparando la situación de la espera para la primera consulta no preferente, en 14 especialidades y dos pruebas diagnósticas (ecografía y mamografía) en los centros sanitarios madrileños comparando la situación en 2001 con la de 2002 (ambas encuestas fueron realizadas en julio-agosto, por lo que la correspondiente a 2002 se hizo al menos siete meses después de que la Comunidad de Madrid recibiera las transferencias sanitarias).
En el citado estudio se observa, aparte de una diferencia injustificada en las demoras de unos centros a otros, que la demora máxima se ha incrementado en nueve de las especialidades reseñadas, y que en una especialidad (ginecología) se alcanzaba la cifra de 526 días de demora y en otra (oftalmología) de 214 días. Como es fácil de comprender, resulta absolutamente intolerable que a una persona se le pueda citar con una demora de este tipo, especialmente cuando se trata de una derivación que realiza el médico general al especialista porque ha encontrado algún problema de salud que está sin diagnosticar.
Además, se siguieron encontrando situaciones en las que se realizaba la cita telefónica, es decir, en que se comunica al ciudadano que se le llamará por teléfono para citarle, lo que, habitualmente, suele ser un sistema de encubrir demoras aún más prolongadas.
Desgraciadamente, la información de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid sobre el particular está fundamentalmente pensada para que ni los ciudadanos ni los profesionales, ni mucho menos la opinión pública, podamos conocer la trascendencia real de la situación, por lo que la primera exigencia debería de ser que a cada persona a la que se le cita para el especialista, para realizarle una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica se le facilite, por escrito, una cita concreta, de manera que pueda primero conocerse la realidad de la situación, y además adoptarse las medidas oportunas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de septiembre de 2002