La Universidad Pablo de Olavide (UPO) envió ayer al juzgado de instrucción número 5 de Sevilla un informe en el que amplía su denuncia sobre presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores durante los dos meses de encierro de inmigrantes e identifica a 16 posibles autores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de septiembre de 2002