Carlos Enjuto, un español de la organización OSPAAAL y quien, según la policía secreta, participó activamente en el paro agrario que se realiza en varias zonas del país, fue expulsado ayer de Colombia. La medida, explicó el DAS, la policía secreta, se tomó porque "intervino y realizó actos que perturbaron el orden público". Ana Andrés y Daniel Busto, de Soldepaz, también españoles, fueron deportados. Según el director de Inmigraciones, los tres violaron normas legales, pues portaban visados de turistas que les permitían únicamente realizar actividades recreativas.
Enjuto -quien en algunas ocasiones se presentó como periodista- dijo ser intermediario entre los campesinos y el Gobierno, lo que ocasionó "disturbios entre los manifestantes", según la policía. Andrés y Busto fueron detenidos en Chalan, una pequeña población de Sucre al norte del país; Enjuto, en Icononzo, Tolima; en las dos zonas hay fuerte presencia de grupos armados.
La movilización agraria fue convocada para exigir del Gobierno de Álvaro Uribe una reforma agraria integral, el cese de importación de alimentos -al año se importan ocho millones de toneladas-, una solución negociada al conflicto y la desarticulación del paramilitarismo. Más del 80% de los campesinos viven en la pobreza y el 53% de la tierra está en poder del 1,8% de los propietarios.
Los extranjeros, dijo a este periódico Luis Alberto Mata,uno de los organizadores de la movilización, fueron invitados como observadores de la protesta. Para este dirigente, la deportación es una medida "agresiva y arbitraria".
Según el Gobierno, en las movilizaciones campesinas se infiltró la guerrilla; los participantes denunciaron agresiones por parte de los paramilitares y de las fuerzas militares que les impidieron la libre movilización y en algunos casos les quitaron los alimentos. Fuentes oficiales aseguran que se investigan los hechos.
La jornada del lunes paralizó también a los trabajadores estatales. Protestan contra la reforma laboral y de pensiones planeadas dentro de la política de ajuste fiscal que incluye fusión de entidades estatales, recorte de nóminas, flexibilización de política laboral con ampliación de jornada de trabajo y modificaciones al pago de festivos y dominicales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de septiembre de 2002