El PSOE denunció ayer que el acceso de la mujer a la salud reproductiva y sexual fue uno de los temas que más ocupó a la delegación española en la Cumbre de la Tierra Johanesburgo. La salud reproductiva abarca desde el derecho al aborto y el acceso a anticonceptivos hasta la ablación del clítoris. De la última reunión preparatoria de la Cumbre salió un 75% de lo que se aprobó en Johanesburgo. Esta reunión se celebró en junio en Bali (Indonesia) bajo presidencia española. En el apartado de salud se pedía incrementar el acceso a la salud 'en conformidad con las leyes nacionales y los valores culturales y religiosos'.
Ya en la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo, en agosto, Canadá, con el apoyo de países como Bélgica, Alemania y Suecia, y el aliento de las ONG de mujeres, intentó cambiar la conformidad con los valores culturales y religiosos por conformidad con 'los derechos humanos y las libertades fundamentales', según el PSOE.
Y ahí estaba España. De acuerdo con unos documentos que ayer esgrimió el PSOE, España dio a conocer 'su firme oposición a que se reabra el párrafo' relativo a la salud; dejó claro a sus socios comunitarios que impediría el consenso en caso de que se replantearan 'los términos del acuerdo'; realizó 'una intensa labor de lobby para obtener respaldo en su postura (...) en conformidad con las instrucciones recibidas', y se aseguró el apoyo de EE UU y del G77, grupo de países en vías de desarrollo que incluye a la mayoría de países árabes y latinoamericanos. O sea, musulmanes y católicos. Los documentos son algunos de los que la delegación enviaba a Madrid diariamente y los presentó el PSOE en el Congreso.
Al final, en la Cumbre, se consensuó una solución intermedia: se añadió la mención a los derechos humanos pero sin sustituir la religión y la cultura: 'Se reforzará el acceso a la salud en conformidad con los derechos humanos y las leyes nacionales y los valores culturales y religiosos'.
El vocal del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Máximo Díaz-Cano, aludió ayer en el pleno del Congreso ante el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a los documentos: 'España hizo una santa alianza con el Vaticano, EE UU, Italia y el G77 frente a los países más progresistas'. Matas negó que España hubiera pedido que no se mencionaran los derechos humanos y aseguró que el PSOE estaba en un error y confundido.
Por la mañana, en la Comisión de Medio Ambiente, Matas aseguró: 'España apoyó (...) la conveniencia de que se efectuara una nueva mención a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para asegurar aún más los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y los niños'. Desde el Ministerio se negó que España hubiera defendido esta postura.
Díaz-Cano aseguró: 'O miente o no tiene toda la información, que no creo'. Y añadió: 'Nos rasgamos las vestiduras cuando quieren lapidar a Amina Lawal pero es una decisión conforme a los tribunales islamicos, o sea a los valores culturales y religiosos de Nigeria, pero no a los derechos humanos'. Díaz-Cano calificó el texto final de 'pastiche, una mezcla de elementos distintos e inconexos, que no se puede aplicar y que deja a la ONU sin saber qué hacer en algunos casos de vulneración de derechos humanos'. Joaquín Nieto, de CC OO, aseguró que el texto final no era satisfactorio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de septiembre de 2002