La Junta de Jueces de la Audiencia Nacional -integrada por los jueces centrales de instrucción y el juez central de menores y de lo penal- decidió ayer expresar su preocupación por 'la quiebra que para el Estado de derecho conlleva el incumplimiento de resoluciones judiciales'. Los cinco magistrados han salido así al paso de las decisiones del Gobierno y el Parlamento Vasco de no cumplir las resoluciones dictadas por su compañero Baltasar Garzón en el sumario contra las estructuras del entorno de ETA y de presentar sendas querellas por delito de prevaricación contra el juez instructor.
MÁS INFORMACIÓN
- Frutos pide que IU abandone su cartera en el Gobierno de Ibarretxe
- El Gobierno estudia si lleva al Constitucional el conflicto
- Desconvocada la manifestación de Mondragón que Vitoria declaró ilegal
- El Parlamento Vasco pedirá a Garzón que reconsidere el auto de suspensión de Batasuna
- El Gobierno vasco recurrirá la Ley de Partidos ante el Constitucional
- Desalojan a los concejales de Batasuna del pleno del Ayuntamiento de Bilbao
- Dossier:: La Ley de Partidos
- Participe:: Su opinión sobre el tema
Es la primera vez que la Junta de Jueces de la Audiencia se pronuncia sobre un tema de esta naturaleza, aunque también es la primera vez que un Parlamento y un Ejecutivo autónomo se querellan contra un juez.
En la reunión, celebrada en el despacho del juez decano, Ismael Moreno, no participó Baltasar Garzón, ni el titular del Juzgado Central número 4, Fernando Andreu, que se encuentra de vacaciones. Durante más de una hora, Ismael Moreno, Guillermo Ruiz Polanco, Teresa Palacios y José María Vázquez Honrubia consensuaron un comunicado que fue rubricado también por el juez Juan del Olmo.
El comunicado señala textualmente: 'La Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional muestra su preocupación por la quiebra que para el Estado de derecho conlleva el incumplimiento de resoluciones judiciales, cuya validez o nulidad sólo puede determinarse por la vía de los recursos correspondientes a través de los órganos jurisdiccionales competentes, predeterminados por la ley, y cuyo desacuerdo jamás puede erigirse en un obstáculo al proceso'.
Los magistrados dejan claro que las resoluciones judiciales deben cumplirse y que sólo los órganos competentes -en este caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- pueden confirmar o corregir las resoluciones adoptadas por Garzón en el proceso contra las organizaciones del entorno de ETA, como la suspensión de actividades de Batasuna.
Respaldo personal
Los jueces rechazan de esa forma la decisión adoptada el pasado lunes por la Mesa del Parlamento vasco de considerar 'nula de pleno derecho' la resolución por la que Garzón instaba a la Cámara de Vitoria a suspender las actividades del Grupo Parlamentario de Batasuna por considerarlo una prolongación de la formación radical -que constituye una estructura de la banda terrorista ETA- y con el fin de prevenir la continuidad delictiva. El Parlamento, lejos de ejecutar el auto de Garzón, ha anunciado una querella contra él. Rechazan igualmente la decisión del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe de querellarse contra el juez para no cumplir sus resoluciones sobre las manifestaciones.
Los jueces, además, han respaldado a Garzón, aunque dejando claro que no emiten valoraciones jurídicas, con el fin de evitar posibles contaminaciones procesales. El comunicado señala a ese respecto: 'Sin entrar en modo alguno en valoraciones jurídicas respecto al contenido de las resoluciones dictadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, la Junta de Jueces desea expresarle su apoyo personal en estos momentos, cuando se está cuestionando su independencia, profesionalidad e imparcialidad'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de septiembre de 2002