El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno catalán contra la Ley de Cualificaciones y de Formación Profesional por entender que varios artículos de la norma invadían las competencias autonómicas. La admisión a trámite fue comunicada al Congreso, al Senado y al Gobierno en una providencia fechada el 17 de septiembre, a fin de que estas instituciones puedan personarse en el proceso y formular alegaciones, si lo creen oportuno, en un plazo de 15 días.
El recurso que estudiará el Alto Tribunal afecta a cuatro artículos de la norma y a los dos primeros párrafos de la disposición final primera de la Ley de FP, aprobada el pasado junio por el Parlamento. Tras su aprobación, la consejera de Enseñanza del Gobierno catalán, Carme Laura Gil, ya calificó la ley de 'preestatutaria porque se apropia o niega competencias de las comunidades autónomas'. A su juicio, la ley supone 'un retorno al pasado y responde a un modelo de sociedad 'cruel y segregadora, que crea excluidos'.
También el Parlamento catalán acordó recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional en la sesión del pasado 29 de julio al considerar que invade competencias autonómicas. Todos los grupos, salvo el PP, votaron a favor del recurso tras conocer el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat, que ponía en cuestión la constitucionalidad de algunos de los puntos de la ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de septiembre de 2002