La seguridad privada en España aumenta sin freno y necesita personal para hacer frente a la demanda de vigilantes. El crecimiento ha sido especialmente significativo desde 1996, año en que llegó al poder el PP, ya que de los 63.686 vigilantes privados que había ese año se ha pasado a 90.247 ahora. Mientras, en ese mismo periodo la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han perdido 6.000 agentes. Las empresas del sector esperan que la bonanza se mantenga durante este año, en el que estiman que su facturación superará los 1.800 millones de euros, un 45% más que en 1996.
La seguridad privada no se ha visto afectada por crisis alguna desde 1996 ni tampoco le ha afectado el síndrome de hiperseguridad posterior a los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. España contaba en dicho año con 782 empresas de vigilancia y custodia de bienes e inmuebles, de las que el 57% estaban concentradas (por este orden) en Madrid, Cataluña y Andalucía, las tres comunidades más pobladas, según datos del Ministerio del Interior. Seis años después, ya son 947 empresas (un 18% más), pero ahora Madrid tiene más del doble que Cataluña, comunidad que ha sido rebasada en números absolutos por Andalucía.
El crecimiento ha sido muy superior en el personal habilitado para poder ejercer de vigilante. Interior no dispone de un recuento de efectivos exactos anterior a 1998. Ese año, el personal habilitado con arreglo a la anterior normativa del sector "tuvo que canjear su acreditación por las nuevas tarjetas de identidad profesional reguladas en la normativa vigente". El canje se hizo entre 1997 y 1998 y afectó "a unos 54.000 vigilantes jurados que hasta ese momento estaban habilitados por los distintos Gobiernos civiles", según Interior. Desde entonces, los habilita la Secretaría de Estado de Seguridad.
El gran salto
El cambio explica por qué se pasó de los 9.686 vigilantes que estaban habilitados en 1997 a los 68.486 del año siguiente. Desde entonces, el incremento del personal que se dedica, con o sin arma, a la vigilancia y custodia ha sido incesante, hasta alcanzar las 90.247 personas.
Este incremento ha motivado que España tenga 212,5 vigilantes por cada 100.000 habitantes y ocupe la tercera plaza de la Unión Europea en esa relación, sólo superada por Alemania y Reino Unido. La primera tiene 82,7 millones de habitantes y 276.000 vigilantes (212,8 por 100.000 ciudadanos) y el segundo, 59,5 millones de personas y 220.000 vigilantes (369,7 por 100.000), según datos de Eurostat.
Si la cifra de 90.247 vigilantes de España se compara con los 189.651 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, resulta que hay un privado por cada 2,1 públicos. Sin contar que, según USO, UGT y CC OO, trabajan "unas 10.000 personas sin la titulación requerida por la vigente Ley de Seguridad Privada" y que "no reúnen las condiciones necesarias".
Interior y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser, que agrupa las empresas que controlan dos tercios del volumen de negocio) coinciden en que el 70% de los trabajadores del sector es operativo y presta servicios de vigilancia, mientras el resto es "personal no operativo o de estructura".
El grueso del volumen de negocio se lo lleva la vigilancia física prestada por personal (con o sin arma de fuego, según lo prefiera el demandante), que supuso unos ingresos durante el año pasado de 990 millones de euros, frente a los 633 millones que se facturaron con otras actividades como la instalación de sistemas, el transporte de fondos, las centrales de recepción de alarmas y, finalmente, la seguridad física o escoltas privados. Interior tiene habilitados para este último cometido a 9.898 escoltas, una especialidad dentro de la de vigilante de seguridad.
Volumen de negocio
El negocio de las empresas de seguridad ha tenido "un crecimiento sostenido, desde el año 1996 hasta hoy, de un 9,5% anual de promedio", según fuentes de Aproser. Se ha pasado de un volumen de negocio de 1.262 millones de euros en 1997 a los 1.623 millones del año pasado. "El aumento no es consecuencia, bajo nuestro punto de vista, del incremento de la inseguridad, sino fruto del crecimiento económico, ya que la gente tiene más bienes a conservar, hay más viviendas unifamiliares y, por ello, los ciudadanos demandan más seguridad", agregan las citadas fuentes.
Las perspectivas de negocio, además, son más que halagüeñas. Si se cumplen las estimaciones de empresas como Securitas, Vinsa o Eulen, tres de las grandes, el presente ejercicio se cerrará con un aumento del 11%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 1.800 millones de euros.
En ese mismo periodo, la proporción del gasto en seguridad pública en los Presupuestos Generales del Estado respecto al Producto Interior Bruto (PIB) no ha parado de caer. Según el Ministerio de Hacienda, el gasto en seguridad pública en 1996 fue equivalente al 0,63% del PIB. El año pasado fue del 0,53%. El proyecto de Presupuestos recién presentado por el Gobierno para 2003 eleva ese porcentaje al 0,74%, con un gasto total en seguridad pública de 5.424,12 millones de euros (un 7,4% más que este año).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de septiembre de 2002