El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Dirección General de Patrimonio el pago de 23.935.858 euros a los accionistas minoritarios de Galerías Preciados por la deuda que el Estado tiene con los propietarios de títulos de los extintos almacenes desde la expropiación de Rumasa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de septiembre de 2002