La Administración española -el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña- otorgaron cuantiosas ayudas a Seat para remontar la crisis de 1993. La empresa recibió 276 millones de euros (46.000 millones de pesetas), que se destinaron en parte a financiar el coste de los despidos provocados por el cierre de la antigua factoría de Zona Franca (Barcelona). Dos años después, en 1995, la Comisión Europea dio carta de naturaleza a la cuantiosa subvención y obligó a la compañía a cumplir íntegramente su plan de inversiones 2.650 millones de euros (441.700 millones de pesetas) que aseguraban la rentabilidad de la empresa y advirtió de que se trataba de las últimas ayudas públicas. Bruselas aceptó las ayudas porque, entre otras cosas, Volkswagen asumía una auténtica reconversión, que incluyó nuevas inversiones, nuevos productos, ajuste laboral y cierre de instalaciones obsoletas.
Volkswagen entró en Seat en 1986 por medio de una ampliación de capital a través de la cual el consorcio alemán se convirtió en el accionista mayoritario. Volkswagen invirtió 481 millones de euros (80.000 millones de pesetas) en la compra de Seat al entonces accionista, el Instituto Nacional de Industria (INI), de titularidad pública. Antes de cerrarse la operación, el INI asumió la totalidad del pasivo de Seat, que entonces era de 1.300 millones (220.000 millones); es decir, Seat traspasó su deuda al sector público español, que se hizo cargo con un crédito especial con garantía del Estado. Volkswagen se quedó con una empresa patrimonialmente saneada y sin deudas a la que inyectó un volumen de recursos acorde con sus proyectos estratégicos.
En paralelo a la refundación de Seat dentro del consorcio alemán, el entonces presidente de Volkswagen, Carl H. Hahn, apostó por el mercado español. En 1991, el grupo automovilístico inició un plan de inversiones que incluía 1.500 millones de euros en la construcción de la factoría de Martorell. La inversión se hizo a base de créditos bancarios en marcos. El coste financiero de esta deuda yuguló a Seat que no cubrió el riesgo de la devaluaciónd e la peseta. La filial española registró en 1992 pérdidas por valor de 901 millones de euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de octubre de 2002