UGT cree que los colegios privados concertados podrían estar obligados a afrontar, sólo en Andalucía, unos 60 millones de euros en concepto de pagas por antigüedad al profesorado. Ésta podría ser la consecuencia de una sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga a un centro de Málaga a abonar a una profesora 7.510 euros por dicho concepto, 1.502 euros por cada cinco años trabajados.
La resolución argumenta que es el centro el que debe abonar la cantidad al haber superado el presupuesto de gastos variables que le concede la Consejería de Educación. En caso de que el colegio no rebase ese límite, es la administración educativa la que asume la cantidad. 'Lo cierto es que la mayoría de los concertados rebasan ese capítulo de gastos', afirma Inmaculada González, de los servicios jurídicos de UGT.
El sindicato asegura que hay una larga lista de reclamaciones judiciales -unas 70 en Málaga- que, tras este primer resultado, ha sido paralizada para negociar una solución con la administración educativa. 'La vía judicial ha sido frenada por los trabajadores en un acto de buena voluntad para no perjudicar a sus centros', puntualizó González.
Los requisitos para reclamar la paga por antigüedad son acumular 25 años de experiencia en la privada concertada o tener más de 50 años y una carrera de 15 años en dicho sector.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de octubre de 2002