La Fiscalía de Málaga ha recurrido la libertad de cinco rumanos detenidos el 26 de septiembre, acusados de robo, receptación y falsificación y que están reclamados por varios juzgados españoles. El ministerio público argumenta que tienen antecedentes, que si siguen libres volverán a cometer los mismos delitos y que existe la 'alta probabilidad' de que eludan la acción de la justicia. Así, intenta que se revoque su puesta en libertad, acordada el 28 de septiembre por el juzgado de instrucción número 3 de la capital.
En aquella redada, fueron detenidas 16 personas, entre ellas, otros rumanos no involucrados en los delitos, pero que eran irregulares. Más allá de pedir que se deje sin efecto la libertad de los cinco acusados, el recurso es una denuncia sobre el agravio hacia los inmigrantes que no están en situación legal: 'Resulta paradójico que los otros detenidos de nacionalidad rumana, no involucrados en los delitos que son objeto de esta causa, queden internados a efectos de expulsión, separados de sus hijos, recibiendo así un trato mucho más severo que sus compatriotas delincuentes, que gozan de libertad como si fueran ciudadanos de mejor condición'.
Aparte de esta crítica, el escrito reclama que también se dé marcha atrás en la libertad de Manuel P. P, español implicado en la red y acusado de receptación, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. El fiscal entiende que estando libre puede destruir pruebas o manipular testigos para obstaculizar la investigación.
En la causa, está acusado además el director de una oficina de la caja de ahorros de El Monte en Alhaurín de la Torre (Málaga) detenido el 1 de octubre por su presunta relación con la red que tenía bingos ilegales y falseaba nómicas para obtener créditos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de octubre de 2002