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Un informe estatal pide que la UE anule 26,5 millones para cursos a parados en Madrid

Una auditoría de Trabajo revela 'graves deficiencias' en la gestión del Ayuntamiento

La auditoría del Ministerio de Trabajo sobre el gasto de fondos europeos en cursos a parados gestionados por el Ayuntamiento de Madrid entre 1994 y 1999 ha destapado múltiples irregularidades. Si fue demoledor el informe de Trabajo sobre los cursos internos gestionados directamente por el Instituto Madrileño de Formación Profesional (Imefe), hasta el punto que exigió la devolución a la UE de 1,8 millones de euros, el análisis de los cursos concedidos a empresas privadas, que suponen más del 80% del gasto, arroja peores conclusiones. El equipo auditor pide la anulación y, en su caso, la devolución de todo el gasto cofinanciado por la UE (26,5 millones): 'Las graves deficiencias comprobadas han tenido un carácter sistemático'.

El informe de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) sobre los cursos externos del Imefe de 1994 a 1999, cerrado el 17 de diciembre de 2001, aún no ha visto la luz pese a que la concejal socialista Isabel Vilallonga ha denunciado su ocultamiento y retraso. Este diario ha tenido acceso a su contenido.

Con independencia del criterio final que aplique Trabajo para extrapolar las anomalías a la totalidad o no de los cursos, el diagnóstico del equipo auditor siembra de sospechas la gestión del Gobierno municipal del PP en el Imefe, cuyas irregularidades ya denunció el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción. Este diario ha intentado recabar sin éxito durante tres días la versión del director general de Fomento de la Economía Social y Fondo Social Europeo, Miguel Barrachina, cuya secretaria remitió finalmente a Prensa, que tampoco dio explicaciones.

- Ausencia de planes. No se ha demostrado la existencia de planes que garanticen la formación de los desempleados de acuerdo con las necesidades del mercado. El informe destaca en este apartado un curso para "lavado y clasificación de sacas de correo". El equipo auditor se pregunta por qué se programó este curso, para diez personas con un coste de 21.000 euros. Sólo la mitad se colocó, pero de peones jardineros. El curso se repitió.

- Centros sin homologar. El Imefe dio por buenos los datos sobre los centros, profesorado y material facilitados por las propias empresas contratadas. Ni acudió al listado de centros homologados por los servicios públicos de empleo (Inem o Comunidad de Madrid) ni verificó por sí la idoneidad de los medios materiales y humanos de las adjudicatarias. La falta de control propició disparates. Para las prácticas de los desempleados en un curso de gestión de gasolineras, la empresa Incof aportó dos centros distantes y ajenos al municipio: una estación de servicio en Villalba, a 40 kilómetros, y otra en Córdoba, a 412,5 kilómetros.

- Contratos a dedo. Esta falta de valoración previa de las condiciones de las adjudicatarias "se ve agravada por la importancia que ha tenido la contratación directa" entre 1994 y 1999. A dedo se contrató el 60% de los cursos externos. Al incumplirse los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia, el equipo auditor sostiene que se "plantean dudas sobre si la selección de los cursos garantiza una adecuada eficacia, economía y eficiencia en la asignación y valoración de los cursos a las adjudicatarias". La sombra crece al comprobarse cómo tales contratos a dedo son copados año tras año por las mismas empresas. Y cómo estas empresas privilegiadas han bajado el precio de sus cursos de un año a otro para no cruzar el tope que iba marcando la ley para poder ser adjudicado a dedo un contrato. Algunos cursos bajaron 5.000 euros por esta razón.

- Concursos con tachadura. Los auditores también ven serias deficiencias en los cursos adjudicados bajo el teóricamente sistema más garantista: el concurso. En una misma hoja, el equipo auditor ha leído cómo el mismo técnico, "después de examinar distintas ofertas, selecciona una empresa y posteriormente tacha el nombre de la empresa seleccionada y en el mismo documento que utiliza para la valoración de las ofertas y utilizando los mismos argumentos que había utilizado para seleccionar a la primera empresa, procede a seleccionar a una empresa diferente". Esto se ha comprobado en al menos cuatro cursos. Como muestra de la falta de rigor del sistema de contratación se citan, además, cuatro ejemplos de cursos iniciados antes de ser adjudicados. El estudio también denuncia imposibles: algunos profesores impartían clases distintas a la misma hora y en las mismas aulas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de octubre de 2002