Cinco de los 17 integrantes del grupo del Partido Popular en la Diputación de Ourense tienen a hijos suyos empleados en diversos servicios de ese organismo, según denunció ayer el coordinador provincial del PSOE, Pachi Vázquez. Asimismo, en Málaga tres de las siete personas contratadas como agentes de desarrollo local, para poner en marcha el nuevo Instituto Municipal de Empleo, son parientes de dirigentes del Partido Popular, según hizo público ayer la cadena SER. Una de las contratadas es cuñada del concejal de Empleo.
El coordinador provincial de los socialistas, Pachi Vázquez, aseguró que la Diputación, presidida por José Luis Baltar, líder del PP en Ourense, mantiene en nómina como contratados a al menos 25 concejales populares de pequeñas localidades.
El PSOE volvió a destapar ayer nuevos episodios de supuesto nepotismo en la Diputación de Ourense, que en los últimos años, bajo el mandato de Baltar, ya ha recibido numerosas denuncias por ese motivo: desde oposiciones en las que familiares de dirigentes del PP han copado la mayoría de las plazas hasta la contratación de decenas de cargos públicos del partido para trabajos en esa institución provincial.
Los diputados a los que acusa el PSOE son a la vez alcaldes de cinco municipios de la provincia: Cea, Monterrei, Cualedro, San Cibrao das Viñas y Cortegada. "Sabemos que hay más casos y vamos a revelar la lista completa de nueras, primos, tíos, sobrinos y demás familia", agregó el coordinador provincial del PSOE.
Por su parte, un grupo de opositores de la provincia de Ourense denunció en la Cadena SER que el secretario de la Diputación, Benito González, tiene a cinco familiares directos empleados en ese organismo.
Estas denuncias coinciden con la revelación de un episodio semejante en Barbadás, pequeño municipio próximo a la ciudad de Ourense, que se ha convertido en lugar predilecto de colocación para familiares de los concejales del PP de la capital orensana. En los servicios municipales de Barbadás han sido contratadas hijas de los ediles de Deportes y Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense y la esposa del responsable de Personal. En la nómina del Ayuntamiento de Barbadás figuran asimismo hijas de los alcaldes populares de otras dos localidades próximas, Celanova, cuyo regidor es diputado provincial y presidente del Instituto Ourensano de Desarrollo, dependiente de la Diputación, y Esgos. El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire, manifestó que estas contrataciones se hicieron "por necesidad", y añadió: "Este tipo de actuaciones no son exclusivas del PP. Todos tienen derecho a trabajar".
Agentes de desarrollo local
De otra parte, en Málaga, tres de los siete adjudicatarios de unas plazas de agentes de desarrollo local convocadas por el Ayuntamiento de la capital -gobernado por el PP con mayoría absoluta- para poner en marcha el Instituto Municipal de Empleo son familiares de dirigentes populares, según informó ayer la Cadena SER. Entre los beneficiados figuran la novia de Juan Manuel Moreno, miembro de la dirección nacional del Partido Popular, ex presidente de Nuevas Generaciones y diputado en el Congreso por Cantabria. También ha sido escogida la cuñada del concejal de Empleo, José Luis Ramos, responsable del área municipal que sacó las bases de la convocatoria y que luego realizó la evaluación de los aspirantes remitidos por el Inem. Otra de las personas contratadas es hija de una coordinadora sectorial de la dirección provincial del PP, Concepción Vera. Ramos confirmó ayer públicamente estos hechos, si bien indicó que el procedimiento de selección ha respetado "escrupulosamente" la legalidad.
El edil de Empleo reconoció la presencia de su cuñada en la lista final de seleccionados y lo atribuyó a su valía profesional: "El Partido Popular tiene 25.000 militantes en la provincia y es normal que ante una convocatoria de plazas pueda haber familiares de dirigentes; sería discriminatorio que por ser familiares no tuvieran opción de optar a ellas si tienen cualificación profesional".
Ramos relató que su departamento remitió al Instituto Nacional de Empleo (Inem) la convocatoria de las plazas y los requisitos establecidos por el consistorio para estos contratos temporales, de un año de duración. Según las bases, se exigía una titulación universitaria de grado medio o superior, y se advertía de que se valoraría la experiencia profesional y los conocimientos extra académicos en cursos monográficos de desarrollo local o promoción de empleo. Ramos aseguró que fue el Inem el que le remitió los 29 aspirantes, de los que 27 acudieron al examen. La evaluación final la realizó un tribunal integrado por el director del Instituto Municipal de Empleo -cargo de confianza del PP-, una funcionaria del Ayuntamiento y un representante del Instituto Nacional de Empleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de octubre de 2002