En plena crisis bursátil y del capitalismo popular, la Comisión Europea y el Gobierno español han puesto en marcha iniciativas para reformar la normativa de OPA con el objetivo de brindar mayor protección a los pequeños inversores. Algunas recientes operaciones, claramente discriminatorias para los minoritarios, han contribuido a desbloquear una reforma pendiente desde hace 13 años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de octubre de 2002