Hace poco he recibido en mi domicilio la factura de mi teléfono móvil. Nada de particular, a excepción de una medianamente extensa nota, al dorso de un folleto de publicidad que acompaña al documento, en el que la operadora explica la necesidad de las antenas de telefonía móvil.
No sabemos cuánto les estará costando a las operadoras la campaña sobre sus antenas, efectivamente motivadas por los numerosos casos de problemas (presumiblemente) ocasionados por ellas; pero lo que sí sabemos es el grado de implicación del Gobierno en esta campaña.
Para hacer más verosímiles sus argumentos, acuden a nombrar al Ministerio de Ciencia y Tecnología como notario de sus comprobaciones técnicas. Ya ves, al mismísimo ministerio... ¡Como si eso fuese una garantía de credibilidad para los ciudadanos! Resulta que este ministerio, que ha sido el patito feo de la manada gubernamental, se ha zampado al menos tres presupuestos sin dar un palo al agua. Eso sí, han hecho una ley que ni Fraga en sus buenos tiempos (mejores que los de ahora, que ya está en 'Franco decaimiento'). Los ciudadanos aún esperamos la liberación del bucle local, tan cacareado por este Gobierno durante su campaña electoral (¡qué digo yo!), aún esperamos el Plan Info XXI... Aún esperamos que las stock options, como ahora se llama al robo de guante blanco, vuelvan a las arcas del Estado (no pedimos que el ladrón sea detenido en Japón, pero sí que devuelva lo que es de los españoles). No pedimos que las eléctricas no suban sus tarifas (al menos que cumplan con sus compromisos de abastecer de corriente estable y de calidad). Los ciudadanos, eso sí, no nos dejamos ya engañar con la impunidad con la que lo estaban haciendo nuestros gobernantes.
De repente nos desayunamos con la noticia de que el INE negociará con nuestros datos a menos que cada uno de nosotros escriba una carta oponiéndonos a ese despropósito. ¿Qué somos los ciudadanos para el Estado? ¿Simplemente una fuente de ingresos?
Que las operadoras de telefonía apelen al Ministerio de Ciencia y Tecnología es, en el mejor de los casos, un error de marketing. En el peor supone una complicidad que a la mayoría de los ciudadanos nos hará sospechar que tras ese aval se esconden intereses económicos que en ningún caso nos beneficiarán a los contribuyentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de octubre de 2002