La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remitido escritos a los agricultores con superficies de viñedo ilegales, plantadas con posterioridad a 1998, recordándoles la obligación de proceder a su arranque, de acuerdo con la normativa comunitaria. Ésta es la primera comunidad autónoma que ha adoptado esta decisión.
La segunda medida ha sido comunicar a las bodegas la prohibición de adquirir uva que no esté perfectamente identificada en función de las superficies legales y los rendimientos asignados a las explotaciones registradas. Con esta acción se espera ir paso a paso arrinconando a las explotaciones ilegales impidiendo su comercialización para que sean esos mismos propietarios los que arranquen las cepas. Para el consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, más que medidas de fuerza desde la Administración, la actuación más eficaz debe ser el control sobre la uva de ese tipo de viñedos para acabar con los mismos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de octubre de 2002