La firma de Turín pretende que el Estado corra con la factura de esta nueva cura de urgencia, y para ello ha tenido que solicitar la declaración del 'estado de crisis', que ya está siendo estudiada por el Ejecutivo y sobre la que debe decidir en breve. No obstante, la última palabra la tendrá el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti.
Los sindicatos y la clase política italiana se pronunciaron ayer a favor de que el Gobierno atienda esta llamada de auxilio del grupo industrial más famoso e importante del país, con más de un siglo de historia, pero lastrado por una deuda de más de 6.000 millones de euros. Diversos líderes del centro-izquierda urgieron al Gobierno a tomar medidas para frenar el alcance de la crisis, al tiempo que reconocían el error que han representado en el pasado los incentivos para la renovación del parque automovilístico.
Fiat Auto no ha levantado cabeza pese a cambios en la cúpula y 'rediseños' estratégicos. En septiembre registró una caída en las matriculaciones de más del 9% y los cálculos apuntan a que cerrará el año con pérdidas de 1.200 millones de euros.
Protestas sociales
Gracias al 'estado de crisis', Fiat puede conseguir un balón de oxígeno para afrontar los costes de una reestructuración. Sin embargo, el Gobierno de Berlusconi no se encuentra en la mejor circunstancia para afrontar este nuevo capítulo de gastos, pero el temor a las protestas sociales puede obligarle a ceder a las pretensiones del grupo. Hasta el momento, Fiat cuenta sólo con el apoyo del ministro de Economía, Giulio Tremonti. En las antípodas de esta línea se sitúa el titular de Trabajo, Roberto Maroni, que, como Marzano, podría aceptar sólo una ampliación de los ecoincentivos a la empresa.
La nueva ráfaga de despidos, que se añade a los anunciados en julio pasado, afectarán también a la planta histórica de Mirafiori, en Turín, aunque los trabajadores tendrán la posibilidad de reincorporarse tras un periodo de brazos cruzados.
Pero el futuro se presenta más negro para los dos mil empleados de la Fiat de Termini Imarese, una pequeña localidad a unos 30 kilómetros de Palermo, que vive enteramente de la fábrica. Su cierre dejaría sin trabajo no sólo a los trabajadores de Fiat, sino a otros 1.000 o 1.500 trabajadores más de talleres y sectores subsidiarios del automóvil. Ayer podía palparse la desolación de sus habitantes, que salieron a la calle para protestar contra el nuevo plan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de octubre de 2002