El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, anunció ayer que su departamento está instruyendo dos expedientes sancionadores, uno contra Opening por fraude, en el que se exigirá la responsabilidad patrimonial a la empresa matriz CEAC, por el que se podría exigir el pago de hasta 600.000 euros de sanción, y otro contra los bancos que financiaron los créditos de los alumnos, cuyas sanciones podrían ascender a la misma cantidad.
A estas entidades bancarias se les acusa de haber vulnerado el derecho a la información del usuario recogido en la Ley de Consumo. En este sentido, esta misma semana, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla falló a favor de una alumna que contrató un curso de formación profesional y que dejó de recibir, anulando la obligación de pagar el crédito que había suscrito para pagar ese curso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de octubre de 2002