La Comisión Europea recomendó ayer el Big Bang de la UE; es decir, la incorporación, de golpe, de 10 países como nuevos socios en 2004. Es una apuesta histórica de unificación del continente que previsiblemente ratificará el Consejo Europeo el 25 de octubre y convertirá a la UE en el tercer sistema político más poblado del mundo, pero que no está exenta de riesgos.
La UE no está preparada todavía -ni en sus instituciones ni en sus políticas vertebrales como la agrícola o la de la cohesión- para esta expansión, y tampoco lo están, a pesar de los progresos realizados, muchos de los candidatos, especialmente Polonia, que es el mayor de todos. Queda mucho por negociar entre los Quince y con los Diez. Estos países han dado su palabra de honor de que harán sus deberes de aquí a 2004, y la Comisión les da el aprobado general político, pero no incluye a Bulgaria ni a Rumania, que todavía no cumplen las condiciones mínimas, por lo que la Unión ampliada presenta un desequilibrio en su flanco sur, que exige su pronta incorporación tan pronto como sea posible y en las mismas condiciones que ahora se pide a los Diez. Es un elemento perturbador el jarro de agua fría que echa la Comisión sobre Turquía, a la que ofrece ayuda pero no una fecha para abrir las negociaciones de adhesión, justo en vísperas de unas elecciones generales en las que se teme el crecimiento del voto islamista.
Ratificar el Big Bang en vez de una entrada de los candidatos según los méritos propios de cada uno -la regata que propugnaba España- es totalmente comprensible desde el punto de vista político, pero acarrea no pocos problemas; tantos, que la Comisión propone una estricta supervisión de los deberes a cumplir antes de la adhesión y una cláusula de salvaguardia por si, una vez dentro, algún nuevo miembro no cumple las reglas en materia de mercado o de justicia e interior. Esta cautela se suma a la posible suspensión de derechos contemplada en el Tratado de Niza -si éste entra en vigor tras el nuevo referéndum irlandés del próximo día 19- en caso de involución de la democracia en algún candidato. Los niveles de corrupción de muchos de estos países son preocupantes, y la perspectiva de que llegue a entrar, importando su problema, sólo una parte de Chipre tampoco resulta tranquilizadora.
La unificación pacífica y voluntaria del continente bien vale correr estos riesgos, aunque los dirigentes europeos deberían explicar que la Unión que salga de esta ampliación -con un 20% más de población pero con sólo un 4,6% de riqueza adicional- será bien distinta de la actual de los Quince. Es difícil que vaya acompañada de una profundización en la integración. El reto es grande para España, que debe defender la preservación de las políticas de solidaridad y un nuevo impulso a las relaciones con el Magreb y América Latina en una UE ahora recentrada hacia el Este.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de octubre de 2002