Interior bloquea la contratación de 200 nuevos 'ertzainas'

Los Gobiernos central y vasco chocaron ayer por culpa de la ampliación en 200 efectivos de la plantilla de la Ertzaintza (7.500 agentes), un asunto que colea desde agosto de 2001 y que parecía en vías de solución tras la polémica negociación del Concierto Económico vasco. El desencuentro fue evidente tras la reunión en Madrid del ministro del Interior, Ángel Acebes, con el consejero vasco del ramo, Javier Balza. Éste proclamó que el Ejecutivo de Vitoria tiene capacidad jurídica para aprobar unilateralmente el incremento, aunque antes de decidir se tomará "un tiempo de reflexión". Acebes negó la mayor y precisó que el aumento sólo puede hacerse mediante un pacto, "sin imposiciones ni amenazas", y que el Estado recurrirá a los tribunales si se lleva a cabo.

La conversación entre Balza y Acebes, de dos horas de duración, tenía como objeto concertar la protección de las sedes y actos del PP y del PSOE tras la última amenaza de ETA. Y ahí hubo acuerdo, ya que coincidieron en que la protección de los amenazados debe ser, en palabras de Balza, "una burbuja" ajena a la disputa política e "independiente de que los proyectos políticos y sociales para Euskadi que tienen el Gobierno vasco y el central sean muy diferentes".

Los responsables de Interior acordaron que la protección de sedes y actos de los partidos amenazados será asumida por la Ertzaintza en el País Vasco, mientras que en Navarra y el resto de España correrá a cargo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. La coincidencia siguió en la necesidad de mantener y mejorar la actual coordinación entre ambos departamentos para proteger a los amenazados, "especialmente para salvaguardar la seguridad en los próximos meses por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas", dijo Acebes.

Y, a partir de ahí, todo fueron discrepancias, que quedaron claras cuando Balza y Acebes comparecieron ante los periodistas, por separado y en ese orden. El consejero dejó claro que cree que el Gobierno vasco "tiene capacidad jurídica" para decidir "individualmente" el incremento de ertzainas. Detalló que su deseo es que "se vea de forma conjunta" la necesidad de 200 agentes más y para ello anunció que, antes de decidir, se tomará "un periodo de reflexión".

Sin órdago

Balza explicó que cree que le asiste "la razón social y jurídica" para aumentar la plantilla, como viene pidiendo desde el 3 de agosto de 2001, fecha en que la pretensión inicial de 500 agentes se rebajó a 200. "Esto no es un órdago; creemos que tenemos argumentos, que se puede llegar a un compromiso, que tenemos apoyo estatutario y que los nuevos agentes se podrían incorporar a la oposición para ertzainas que está en marcha", dijo. Incluso declaró "legítimo" que el Gobierno de Aznar recurra a los tribunales si finalmente el Ejecutivo vasco decide ampliar la Ertzaintza y descontar el coste (unos 9,6 millones de euros) del cupo que Euskadi paga al Estado por las competencias que todavía no ha asumido.

Acebes discrepó: "No hay acuerdo, porque creemos que la petición debe hacerse por los cauces legales establecidos, la Junta de Seguridad y la Comisión Mixta del Cupo". El ministro precisó que es ahí donde debe negociarse, "dentro de la legalidad, sin imposiciones ni amenazas y sin decisiones unilaterales". El ministro advirtió de que si el Gobierno vasco toma la decisión por su cuenta "el Estado tiene mecanismos para restablecer la legalidad con el recurso a los tribunales". Tras asegurar que no hay fecha para reunir a la Junta de Seguridad, ofreció diálogo: "Estamos dispuestos a hablar de todo pero por los cauces institucionales y esto exige negociaciones, pero antes tenemos que saber qué se va a hacer por el marco establecido".

La discrepancia de ayer era una copia de la escenificada en febrero, cuando el Gobierno rechazó la ampliación de la Ertzaintza y la ligó a la firma del Concierto Económico, entonces en procelosa negociación. En marzo, la vía para ampliar la Ertzaintza quedó abierta con un acuerdo adoptado en la Comisión Mixta del Cupo. Allí se acordó que el coste de los aumentos de la policía vasca los fijará la comisión mixta del Concierto vasco en seis meses (ya agotados) y su financiación se deduciría del Cupo, ya que la policía autonómica vasca se rige ahora como un traspaso más y no por el sistema de módulos usado para el despliegue inicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de octubre de 2002