Tras la marcha atrás del Gobierno en la reforma laboral respecto a siete de las ocho exigencias de los sindicatos, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, confía en que se llegue a un acuerdo sobre el subsidio agrario, el único de los puntos del decretazo que el Ejecutivo rechazaba modificar. Rato se mostró ayer 'convencido' de que de las conversaciones de representantes del PP en Andalucía y Extremadura con los sindicatos -éstos anunciaron ayer una 'dura batalla' por el subsidio agrario- 'surgirán propuestas' para mejorar el empleo rural.
Rato destacó, después de participar en la VII Conferencia Anual del Banco Mundial, en Madrid, la intención del Gobierno de "acercar posiciones" con los sindicatos respecto al subsidio agrario. El vicepresidente segundo recordó que antes del verano representantes del PP en Andalucía y Extremadura (las comunidades afectadas por la desaparición paulatina del subsidio agrario recogida en el decretazo) mantuvieron conversaciones con los sindicatos "que quisieron hablar, y que no han sido todos".
Rato está "convencido" de que de esos contactos "surgirán propuestas" para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores agrícolas, pero no sólo para Andalucía y Extremadura sino en toda España.
Pese a esta disposición de Rato, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró que el Ejecutivo ha llegado hasta donde podía pese a que comprende "que queden reivindicaciones". Añadió que el Gobierno ha hecho un ejercicio de flexibilidad "considerable" y sin que "nadie" se lo pida.
Las restricciones del subsidio agrario introducidas en el decretazo son el único escollo que, a juicio de los sindicatos, "impide que se cierre el conflicto con el Gobierno" a raíz de la reforma laboral que dio lugar a la huelga general del 20-J, una vez que el Ejecutivo aceptó hace 10 días dar marcha atrás en los otros siete puntos que exigían los representantes de los trabajadores.
230.000 jornaleros
Por su parte, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves (PSOE), anunció que "no parará" hasta que se restituyan los derechos de los 230.000 jornaleros andaluces y extremeños afectados por la reforma, un colectivo que ha tenido un gran protagonismo en las movilizaciones para pedir al Gobierno que diera marcha atrás en el decretazo.
Esta normativa, en su actual redacción, impide que entren nuevos beneficiarios en el sistema de subsidio agrario que se aplica desde 1984. A los que ya lo cobran se les exige, para continuar percibiéndolo, que lo hayan recibido en alguno de los últimos tres años y que ninguna sanción les haya anulado ese derecho, de modo que en la práctica se extinguiría ese seguro de desempleo a medio plazo. Para los jornaleros que quedan fuera del subsidio y para los trabajadores agrarios del resto del país (unos 200.000), hasta ahora sin ninguna protección, el Ministerio de Trabajo establece un sistema contributivo -360 días cotizados para conseguir el mínimo de tres meses de prestación por desempleo-, que los sindicatos califican de "irreal" y "discriminatorio".
Argumentan, por un lado, que la media anual de jornadas en el campo andaluz y extremeño (con tasas de paro del 40%) apenas llega a las 60, de modo que se tardaría cinco años en acumular las cotizaciones para cobrar el seguro de desempleo. Y agregan que los asalariados de cualquier otro sector tienen derecho a cuatro meses de prestación con 360 días cotizados. El subsidio agrario, muy similar al PER que puso en marcha el Gobierno del PSOE en 1984, garantizaba el pago de 330 euros al mes (el 75% del salario mínimo) durante medio año a los jornaleros andaluces y extremeños que demuestren 35 peonadas. Esa prestación supuso el año pasado un desembolso de 1.000 millones de euros, abonados por el Instituto Nacional de Empleo.
UGT informó ayer de que, desde que entró en vigor el decretazo, en Málaga ya se ha denegado el acceso al subsidio agrario a 600 personas, en su mayoría jóvenes. Ese sindicato, CC OO, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) anunciaron movilizaciones, sin descartar la huelga general, para forzar la restitución de los derechos. Los responsables de CC OO y UGT en Extremadura aseguraron que pondrán "en pie de guerra a todos los pueblos de la región".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de octubre de 2002