La mayoría simple que logró reunir el grupo parlamentario del peronismo, con el apoyo de sectores del radicalismo, fue suficiente ayer para que la Cámara de los Diputados rechazara definitivamente el juicio político a los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia, un trámite parlamentario impulsado en febrero por el presidente Eduardo Duhalde, que desistió a su vez de la embestida cuando el máximo tribunal del país amenazó con dictar sentencias contrarias a la confiscación de los depósitos en los bancos y a los decretos basados en la 'emergencia' que modificaron las reglas económicas.
El fin del intento de juicio político al Supremo era también uno de los requisitos que reclamaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de alcanzar un acuerdo para prorrogar los vencimientos de deuda de Argentina hasta fines de 2003. Los funcionarios del FMI temían que la Corte convalidara los recursos de amparo concedidos a los ahorradores por los jueces de tribunales inferiores y la fuga masiva de fondos desatara una escalada inflacionaria.
Los grupos minoritarios del peronismo, del radicalismo y de la oposición que impulsaban el juicio político al Supremo resistieron durante tres semanas la presión del oficialismo. Un acuerdo entre los jefes radicales y peronistas permitió al fin iniciar el debate. El pasado 16 de mayo la Comisión de Juicio Político había acusado por 'mal desempeño' a los nueve miembros del tribunal luego de analizar las sentencias dictadas en procesos seguidos durante los años noventa. La Corte era sospechosa de parcialidad y negligencia en la investigación de delitos como el contrabando de armas o los atentados a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelí, que causaron más de 110 muertos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de octubre de 2002